Al proponer su polémico plan para cambiar la forma de elegir jueces en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en algo: para la mayoría de las personas en el país, el sistema de justicia no está funcionando.
Durante el último año, he entrevistado a más de 100 personas involucradas en los sistemas de justicia de 10 estados: fiscales, policías de investigación, jueces, defensores y abogados que acompañan a las víctimas. Uno tras otro, expresaron su frustración por un sistema en crisis.
Muchas víctimas de crímenes se ven obligadas a gastar su tiempo, dinero y esfuerzo, en busca de justicia y reparación que nunca llegan. Quienes son acusados de delitos a menudo sufren abusos, corrupción y falta de debido proceso. No es sorprendente que casi la mitad de los mexicanos tenga poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales. En aproximadamente el 90 % de los casos, las personas dicen que ni siquiera se molestan en denunciar los delitos.
El presidente López Obrador culpa a los jueces, a quienes ha acusado de manera pública y frecuente, y a menudo sin evidencias, de “favorecer a los delincuentes” y ser “corruptos”. A principios de este año, propuso modificar la Constitución para reducir la duración de los mandatos de los jueces, destituir a todos actualmente en servicio y reemplazar su actual proceso de nombramiento con elecciones populares. Muchos temen que esta propuesta socave gravemente el papel de la judicatura como un control independiente sobre el poder gubernamental. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha instado al Congreso a aprobar la propuesta antes de que ella asuma el poder el 1 de octubre.
Sin embargo, al centrarse en la elección de jueces, ambos se equivocan. Su propuesta no hará nada para abordar el verdadero cuello de botella en el sistema de justicia: la voluntad y la capacidad de las fiscalías para investigar.
Las fiscalías en México son responsables tanto de investigar como de judicializar los delitos. Sus resultados han sido asombrosamente pobres. En 2022, abrieron 2.2 millones de investigaciones, pero apenas algo más de 238 mil casos llegaron ante un juez, es decir, el 10 %. La mayoría de las investigaciones, incluso sobre homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos, se cierran o archivan sin resolverse. Los casos que sí llegan ante un juez a menudo están basados en pruebas endebles o declaraciones obtenidas mediante amenazas o incluso tortura.
Los policías de investigación y peritos frecuentemente carecen de formación y recursos necesarios para su trabajo. Muchas veces, las víctimas y testigos temen enfrentar represalias si cooperan con las investigaciones, mientras las autoridades no pueden o no quieren brindarles protección efectiva. Además, la falta de reglas claras sobre contratación y ascensos ahuyenta a los investigadores y fiscales más preparados. Y muchos de los mecanismos de control, como las unidades de asuntos internos y las fiscalías anticorrupción, carecen de la independencia y los recursos necesarios para detener abusos como la tortura y la corrupción. Con frecuencia, los fiscales se sienten presionados a enfocarse sólo en los casos más relevantes políticamente.
Como resultado, muchas víctimas se ven obligadas a investigar por su cuenta. Una mujer que entrevisté me explicó que, tras meses de llamadas y correos no respondidos, preguntando por qué se había hecho tan poco para investigar el asesinato de su madre de 76 años, finalmente logró hablar con el fiscal a cargo. Este únicamente le dijo que el caso probablemente nunca se resolvería, porque “hay muchos delincuentes” en la zona donde vivía su madre. “Me di cuenta de que nuestro caso no es una prioridad para ellos”, me dijo. “No tenemos dinero. No tenemos un apellido distinguido. Esto es lo que pasa”.
México enfrenta una profunda crisis de violencia criminal, violaciones de derechos humanos e impunidad. Más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas. La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. Para abordarla, se requiere un sistema de justicia imparcial y eficiente. Eso significa garantizar que los jueces puedan tomar decisiones sin interferencia indebida. Pero también implica asegurarse de que las fiscalías realicen investigaciones reales, efectivas y respetuosas de los derechos para determinar la verdad, castigar a los responsables y evitar que cometan más abusos.
Para ello es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y anticorrupción, invertir en capacitación y recursos forenses, hacer más para proteger y apoyar a las víctimas y testigos, y establecer servicios profesionales de carrera con reglas claras que recompensen a los fiscales e investigadores en función de su habilidad e integridad, además de destituir y castigar a los que cometan abusos.
El presidente López Obrador se ha quejado de que la justicia en México funciona sólo para unos pocos privilegiados. Si él y la presidenta electa quieren que el sistema judicial funcione para todos, deberían abandonar su cruzada contra los jueces y comprometerse a mejorar su eslabón más débil: las fiscalías.
