Crisis y conflictos

“Pedro Cabrera”, Familiar de víctimas

Yo miré cuando [los agentes] los sacaron e ellos [mi familia] y empezaron a golpearlos en el piso a mi esposa, que la culpan que ella era guerrillera. Ella les decía que estaba embarazada porque ella tenía dos meses de embarazo, tiene. “y no, que nazca muerto ese hijo.”

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Durante años, grupos armados han operado abiertamente en territorio venezolano cerca de la frontera con Colombia.

En marzo de 2021, en el estado venezolano de Apure las fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron una ofensiva contra uno de estos grupos armados.

Apure, Venezuela

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Abusos contra la población local y bombardeos constantes por las fuerzas de seguridad venezolanas han obligado a miles de personas a huir de Venezuela hacia el departamento colombiano de Arauca

Arauquita, Colombia

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cruzando el río que separa los dos países.

Más de 5.800 personas han huido. Muchos viven en albergues hacinados donde es casi imposible mantener el distanciamiento social para prevenir la propagación del Covid-19. En los albergues, hay escasez de alimentos, agua potable e insumos médicos y el acceso al saneamiento básico y la atención médica es limitado. Muchos otros se han refugiado en casas de familiares y zonas rurales.

La mayoría teme por sus vidas si regresan a Venezuela donde las fuerzas de seguridad han cometido atrocidades contra personas acusadas de ser parte o ayudar a la guerrilla.

Familiar de víctimas

Mi familia fue masacrada de forma brutal. Haciéndonos pasar por guerrilleros de las FARC. Cuando ellos son unas personas honestamente, humildemente campesinos, gente trabajadora.

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Estos no son casos aislados. Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad venezolanas han estado implicadas en más de 19.000 asesinatos por supuesta "resistencia a la autoridad.” Desde 2014, se han llevado a cabo más de 15.000 detenciones arbitrarias y muchos detenidos fueron torturados. Asimismo, al menos 870 civiles han sido procesados ​​por tribunales militares.

“Pablo Ramirez”, Victima de abusos

Nos llegaron dos tanquetas y se bajaron un poco de militares vestidos de FAES. Empezaron a torturarme con una navaja, me preguntaban que si yo era colaborador de la guerrilla. Como no les decía lo que ellos querían escuchar entonces sacaron un alicate y me agarraron el dedo. Yo ya sentía que ya el dedo me lo iba a partir, me lo iba a arrancar.

“Jairo Urrutia”

Victima de abusos

Llegaron las Fuerzas Armadas. Me tomaron, me amarraron, me golpearon, me montaron en un camión. Duré días detenido en una condición infrahumana. El calabozo medía tres metros de ancho por cinco metros de largo. Todo encerrado sin ventanas. Había 38 personas. No nos dijeron nunca por qué.

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También hubo reportes de saqueos e incendios y de destrucción de casas y cultivos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

“Antonio Rojas”, Víctima de abusos

Quemaron las casas, nos saquearon todo lo que teníamos. No nos dieron tiempo de sacar nada. Salimos únicamente con la ropa que teníamos puesta.

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La Fiscalia de la Corte Penal Internacional está decidiendo si avanza con una investigación sobre las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela. La corte debe considerar los abusos en Apure.

Muchas personas que huyeron de Venezuela no podrán regresar a sus hogares pronto. El gobierno colombiano y los donantes internacionales deben garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible para ellos y Colombia debe, además, garantizar que quienes decidan quedarse tengan acceso a un estatus legal que les garantice la protección de sus derechos fundamentales.

 

El simple hecho de intentar defender los derechos fundamentales,

 

los derechos humanos en una comunidad,

 

es para ser declarado “objetivo militar”.

 

En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las FARC llegaron a un histórico acuerdo de paz,

 

que llevó a la desmovilización de la guerrilla.

 

El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos.

 

Sin embargo, estos asesinatos han aumentado a medida que otros grupos armados

 

han ido ocupando el vacío que dejaron las FARC.

 

Defensoras y defensores de derechos humanos,

 

incluyendo líderes comunales, indígenas, campesinos y afro-colombianos,

 

han sido asesinados en zonas remotas a lo largo del país

 

donde la presencia del Estado es precaria.

 

Hubo después del acuerdo de paz, un tiempo, unos meses de mucha tranquilidad, realmente de paz

 

pero posteriormente estos territorios fueron ocupados por grupos armados

 

que se declararon en disidencia o nuevos grupos en función del negocio del narcotráfico,

 

para cuidar las rutas, para cuidar cultivos, para cuidar el laboratorio.

 

Como hay esa ausencia total del Estado,

 

nos toca a las  comunidades asumir la responsabilidad

 

de gestionar la resolución de los distintos problemas que se nos presentan

 

y buscar que los derechos sociales, económicos, culturales y políticos sean

 

reconocidos, respetados, y que podamos hacer disfrute de ellos.

 

El Estado nos reconoce como defensoras y defensores de derechos humanos

 

porque ellos se han dado cuenta que nosotros estamos donde ellos no están,

 

que hacemos lo que a ellos les corresponde hacer.

 

Pero nosotros lo hacemos de manera voluntaria por el amor y el respeto a nuestra comunidad

 

porque conocemos integralmente el territorio,

 

conocemos las necesidades de la gente y vivimos esas necesidades.

 

Debido a la limitada presencia del estado en algunas zonas del país, en su mayoría rurales,

 

las organizaciones sociales llevan a cabo tareas normalmente asignadas a funcionarios del gobierno.

 

Esto aumenta la visibilidad de los defensores de derechos humanos y los expone a mayores riesgos.

 

Sentencian a muerte a todo aquel que denuncie,

 

que ponga en conocimiento público los atropellos, las violaciones a los derechos humanos,

 

la corrupción, las violaciones a las mujeres.

 

El grupo armado ilegal que opera en el territorio quiere es

 

la subordinación del territorio y su comunidad hacia ellos.

 

La pelea por los derechos humanos se ve restringida por la presión de estos grupos.

 

Colombia ha adoptado una amplia variedad de mecanismos para

 

prevenir abusos y proteger a los defensores de derechos humanos.

 

Sin embargo, su implementación ha sido pobre.

 

La Unidad Nacional de Protección ha hecho grandes esfuerzos para proporcionar esquemas de protección.

 

Pero la unidad enfrenta limitaciones presupuestarias

 

y la mayoría de los defensores asesinados no estaban en su radar.

 

Ellos piensan que tener un carro, tener un guardaespald

 

que esa es la solución a los conflictos que tenemos aca como sociedad civil,

 

y que defendemos derechos, y no es así. 

 

Lo que necesitamos es que el Estado implemente los programas de protección colectiva

 

que nos serviría para liberar los territorios de los actores armados

 

para que las autoridades tradicionales puedan ejercer su rol

 

para [ayudar a] tener acceso a los servicios del Estado

 

y a los derechos económicos, sociales y culturales, que en última

 

son los que permiten que haya condiciones de vida digna.

 

Los esfuerzos para llevar a los responsables de asesinatos

 

de defensores de derechos humanos ante la justicia han sido más significativos.

 

No obstante, hacen falta avances serios para procesar a los determinadores,

 

es decir, quienes ordenaron estos asesinatos, y para desmantelar a los grupos armados.

 

Si ha habido aprensiones, ha habido capturas y eliminación fisica de, de algún miembro o algún jefe,

 

de algún grupo o banda armada ilegal. Pero nosotros vemos que las estructuras no

 

no se terminan, no se eliminan, ni siquiera se captura a toda la estructura.

 

El gobierno del Presidente Iván Duque ha anunciado nuevos planes para proteger a los defensores de derechos humanos,

 

en lugar de implementar debidamente los planes ya existentes.

 

Estos nuevos mecanismos no han tenido un impacto significativo en los territorios.

 

Vemos mucho discurso, pero realmente ya en la acción vemos muy poco.

 

Ya estamos hasta la coronilla de tantos planes, de tantas estrategias que no funcionan

 

que no se formulan con la gente, que no involucran a la gente.

 

Tanto diagnóstico ya estamos sobre diagnosticados.

 

A menos que el gobierno tome medidas serias de inmediato, es probable que muchos más

 

defensores y defensoras de derechos humanos sean asesinados en Colombia

 

y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas.