El informe de 187 páginas, “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, examina en detalle las razones de los pobres resultados del sistema de justicia penal de México en las investigaciones de homicidios e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

El informe de 92 páginas, “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala,” documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña menor de 14 años como violencia sexual. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad. 

El informe de 175 páginas, "'Aprendí a decir no': Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos", expone las condiciones de trabajo en los estudios de webcam de Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, donde las modelos graban contenidos que son difundidos por plataformas para adultos y retransmitidos en todo el mundo. La webcam para adultos es una industria global en la que los estudios estiman que las plataformas se quedan con entre el 50 y el 65 por ciento de lo que pagan los espectadores. Las personas entrevistadas afirman que los estudios se quedan hasta con el 70 por ciento de lo que paga la plataforma, lo que reduce el salario de las trabajadoras. Las plataformas de webcam para adultos con sede en EE.UU. y Europa deben abordar de inmediato los abusos laborales y la explotación sexual en los estudios de webcam colombianos.

El informe de 50 páginas, “‘Yo también quisiera disfrutar del verano’: Falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay”, documenta las brechas en el cumplimiento por parte de Uruguay de los requisitos de apoyo conforme a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados respecto de cada persona con discapacidad. Muchas personas no reúnen los requisitos para el Programa de Asistentes Personales del sistema de cuidados debido a su edad, su nivel de ingresos o el grado de “severidad” de la discapacidad que presentan. Las personas con determinados tipos de discapacidad, como discapacidades intelectuales y sensoriales, y aquellas con requerimientos de apoyo significativos, en la práctica quedan excluidas del programa debido a que no se capacita a quienes se desempeñan como asistentes personales para que puedan prestarles apoyo. Human Rights Watch concluyó que Uruguay no involucró en grado suficiente a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, la administración y el monitoreo de la asistencia personal conforme al sistema de cuidados, y esto ha dado como resultado que no se reconozca a las personas usuarias como derechohabientes y a que se presten servicios limitados e inadecuados.

El informe de 44 páginas, Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México, concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.

El informe de 65 páginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.