El conflicto armado de varias décadas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno terminó oficialmente con un acuerdo de paz en 2016, pero la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las FARC y grupos sucesores de los paramilitares siguen cometiendo graves abusos. Defensores de derechos, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios enfrentan amenazas y violencia constantes. La violencia asociada al conflicto armado ha desplazado por la fuerza a millones de personas, y la impunidad por abusos graves sigue siendo motivo de grave preocupación. La policía hizo un uso excesivo y a menudo brutal de la fuerza en respuesta a manifestaciones mayoritariamente pacíficas ocurridas entre 2019 y 2021. Los altos niveles de pobreza, especialmente entre comunidades indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una grave preocupación.

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