(Nueva York) — El gobierno de Cuba debe liberar de inmediato y sin condiciones a los artistas Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes serían juzgados a partir del 30 de mayo de 2022, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear el juicio y exigir la liberación de los artistas.
Otero Alcántara, artista visual, y Castillo Pérez, cantante de rap, también conocido por su nombre artístico “Osorbo”, se encuentran en prisión preventiva desde hace casi un año. Un fiscal ha solicitado que sean condenados a siete y diez años de prisión, respectivamente, por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y una performance artística, y por críticas al presidente Miguel Díaz-Canel.
“Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano a criticar a su propio gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deberían permanecer callados cuando artistas son amenazados con penas de prisión, una muestra de intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras que gobernaron la región en el pasado”.
“Los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear de cerca el juicio contra estos prisioneros de conciencia cubanos, quienes nunca debieron pasar un día en prisión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde más de 700 personas, incluidos algunos menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.
Otero Alcántara, miembro del “Movimiento San Isidro”, fundado para criticar la censura del gobierno, fue detenido el 11 de julio de 2021, luego de que publicara un video en el que decía que se uniría a las protestas pacíficas en toda la isla que ocurrieron ese día. Más de 700 personas arrestadas durante esas manifestaciones siguen detenidas, según el grupo cubano de derechos humanos Cubalex. Castillo Pérez, uno de los autores de “Patria y Vida”, una canción que critica al gobierno cubano y fue adoptada popularmente como un himno de las protestas, fue detenido por agentes de seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021.
Castillo, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias de corto plazo, fue arrestado en su casa. Su familia no supo su paradero hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades cubanas les informaron que estaba recluido en la prisión de Pinar del Río, donde aún permanece detenido. La familia fue notificada solo unos días después de que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada instara al gobierno cubano a revelar el lugar de detención de Castillo.
En enero de 2022, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria concluyó que Castillo Pérez había sido detenido arbitrariamente y dijo que el gobierno cubano debía liberarlo inmediatamente. Los expertos de Naciones Unidas determinaron que Castillo Pérez había sido detenido por ejercer sus derechos fundamentales y había sufrido violaciones al debido proceso, incluidas limitaciones abusivas a su derecho a defenderse. Los expertos encontraron evidencia creíble de que, antes de su última detención, Castillo Pérez había sido arrestado más de 120 veces por su participación en varias actividades de protesta en Cuba y por criticar al gobierno cubano.
En febrero, un fiscal en La Habana solicitó que Castillo Pérez fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de “desorden público”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “desacato” y “atentado”. Un documento judicial revisado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indica que algunos cargos están relacionados con memes que Castillo publicó en Facebook criticando al presidente Díaz-Canel y a otras autoridades cubanas. Otros cargos están relacionados con una protesta pacífica del 4 de abril de 2021 en La Habana, durante la cual un policía intentó arrestar a Castillo Pérez y un grupo de vecinos lo defendió, impidiendo la detención.
Otero Alcántara, a quien Amnistía Internacional ha declarado prisionero de conciencia en varias ocasiones durante múltiples detenciones arbitrarias, se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
El documento judicial indica que el fiscal busca una sentencia conjunta de siete años de prisión para Otero Alcántara quien ha sido acusado de “ultraje a los símbolos de la patria” por el uso de la bandera cubana en la pieza artística Drapeau, en la que usó la bandera o la llevó consigo las 24 horas del día durante un mes.
El fiscal también lo acusó de “desorden público” y “desacato” por reunirse con Castillo Pérez y otras personas durante la protesta del 4 de abril, reproducir en público “Patria y Vida” y decir “palabras ofensivas” contra el expresidente Raúl Castro.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo Pérez y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente. Se trata de una práctica que el gobierno cubano ha llevado a cabo históricamente y con otros críticos en los últimos meses y que viola el derecho humano de toda persona a entrar a su país de origen. Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta. Las autoridades cubanas aparentemente se han retractado de su oferta a Castillo Pérez.
Nadie debería verse obligado a elegir entre abandonar su propio país o enfrentarse a cargos penales abusivos por los nunca debió haber sido enjuiciado ni encarcelado, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El enjuiciamiento de Otero Alcántara y Castillo Pérez es parte de un patrón mucho más amplio de abusos sistemáticos contra artistas cubanos y otros críticos del gobierno y manifestantes en el país. En los últimos años, las autoridades cubanas han encarcelado, perseguido penalmente y forzado al exilio a decenas de artistas cubanos, incluidos los del “Movimiento San Isidro” y el “27N”, que reúnen a artistas, intelectuales y periodistas críticos del gobierno.
Las autoridades cubanas también han llevado a cabo detenciones arbitrarias, malos tratos contra detenidos y juicios colectivos injustos, en su mayoría a puerta cerrada, en respuesta a las protestas mayoritariamente pacíficas de julio de 2021. Decenas de manifestantes han sido condenados a penas de hasta 30 años de prisión, en juicios en los que los fiscales frecuentemente los acusaron de delitos definidos de forma amplia y vaga, como “desorden público” y “sedición”.
Las autoridades cubanas deben retirar todos los cargos destinados a silenciar a manifestantes y críticos, dijeron Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En la medida en que estos juicios avancen de todos modos, las autoridades deben permitir la presencia de periodistas, observadores de derechos humanos y personal de embajadas extranjeras en Cuba, incluido el juicio contra Otero Alcántara y Castillo Pérez, dijeron las organizaciones.
