(Washington D.C.) – El gobierno cubano comete violaciones sistemáticas de derechos humanos contra artistas y periodistas independientes, señaló hoy Human Rights Watch al presentar un video sobre estos abusos.
En los últimos meses, las autoridades cubanas han encarcelado e investigado penalmente a varios artistas y periodistas que critican al gobierno. En otros casos, policías y agentes de inteligencia se han presentado regularmente en sus viviendas y les han ordenado quedarse adentro, a menudo por días o incluso semanas. Las autoridades también han restringido de forma temporal y selectiva el acceso de estos artistas y periodistas a datos móviles en sus teléfonos para limitar su acceso a internet.
“Cantar una canción que no le agrada al gobierno o reportar las noticias de forma independiente son motivos suficientes para terminar preso en Cuba”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estos abusos no son incidentes aislados; más bien, parecen formar parte de un plan para silenciar de manera selectiva a voces críticas”.
Entre febrero y junio, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 29 periodistas y artistas que han sufrido acoso y violaciones de derechos humanos en los últimos meses. Realizamos múltiples entrevistas con muchos de ellos a medida que se enfrentaban a nuevos casos de abuso. Human Rights Watch también examinó decisiones judiciales, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa, y corroboró videos publicados en redes sociales.
La mayoría de los artistas y periodistas que sufrieron estas violaciones de derechos humanos pertenecen al “Movimiento San Isidro”, una coalición de cantantes, pintores y otros artistas, y a la organización de artistas y periodistas “27N”, que se formó tras una protesta emblemática contra la censura y la represión que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2020 en La Habana. Entre las víctimas también hay personas que han interpretado o promovido “Patria y vida”, una canción de un grupo de artistas cubanos de La Habana y Miami que reformula el viejo eslogan del gobierno cubano, “Patria o muerte”, y critica la represión en el país.
Entre los funcionarios implicados en los abusos hay miembros de los servicios de inteligencia, conocidos en Cuba como “seguridad del Estado”, y de la Policía Nacional, según los testimonios de testigos y víctimas, así como fotografías y videos obtenidos por Human Rights Watch. Es habitual que agentes de inteligencia operen de civil en Cuba, pero en ocasiones se identifican como tales ante los detenidos, ya sea de forma verbal o mostrando sus credenciales. Muchos críticos del gobierno señalaron que generalmente los detienen y vigilan las mismas personas, lo cual les permite concluir que se trata de agentes de la seguridad del Estado.
Muchos de los artistas y periodistas también han sido estigmatizados con acusaciones falsas en la televisión nacional. En los últimos meses, presentadores del principal programa de noticias cubano –que pertenece a un canal estatal y se transmite simultáneamente en el horario de máxima audiencia en la mayoría de canales de televisión en Cuba– han acusado falsamente a algunos de los artistas y periodistas de “conspirar” contra Cuba y participar en “delincuencia”.
Los abusos documentados por Human Rights Watch, cometidos por policías y agentes de seguridad del Estado al menos desde la protesta del 27 de noviembre, y muchas veces contra las mismas víctimas, siguen patrones consistentes y reiterados. Estos patrones sugieren fuertemente que existe un plan por parte de las autoridades cubanas para reprimir selectivamente a artistas y periodistas independientes, señaló Human Rights Watch. Las restricciones específicas y selectivas al acceso a datos móviles de internet, así como las instancias reiteradas de estigmatización de artistas y periodistas en la televisión pública, son otra prueba del carácter sistemático de estas violaciones de derechos humanos.
Las restricciones a la circulación han sido impuestas a varios periodistas y artistas en los mismos días, lo cual les ha impedido participar en manifestaciones o encuentros culturales. Las restricciones que impidan que una persona salga de su casa por un período prolongado, limiten su posibilidad de socializar con otros e incluyan una amenaza de cárcel para quienes las incumplan constituyen privaciones arbitrarias de la libertad comparables al arresto domiciliario de facto, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades cubanas también han impuesto restricciones específicas y temporales a los datos móviles de internet y a los servicios telefónicos de miembros de los movimientos “San Isidro” y “27N”. Estas restricciones a menudo coinciden con las limitaciones a la circulación. Cuando son objeto de este tipo de restricciones, muchos críticos piden prestados teléfonos a amigos y familiares que no son críticos del gobierno y cuyo servicio no está interrumpido, según contaron a Human Rights Watch.
Iliana Hernández, periodista del medio independiente Ciber Cuba, ha enfrentado ese tipo de restricciones de forma constante desde el 23 de abril. Ese día, cuando se dirigía a una parada de autobús con amigos, cinco oficiales, incluidos tres de civil, la detuvieron por la fuerza y la obligaron a subirse a un carro de policía, según contó. Hernández gritó “¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida!”. Los agentes la llevaron a una estación de policía, donde un oficial le dijo que la acusaban de “desacato” por “ofender a la figura del presidente Miguel Díaz-Canel”, presuntamente por lo que gritó cuando la detuvieron.
El oficial le dijo que la someterían a una “medida cautelar” y se le prohibiría salir de su casa hasta el juicio. Hernández nunca fue llevada ante un fiscal o un juez, no se le mostró ningún documento que indicara que estaba legalmente sujeta a esa medida, ni tampoco tuvo oportunidad de objetarla, según dijeron ella y su abogado a Human Rights Watch. Nunca se le notificó formalmente sobre la presunta investigación por “desacato”.
Desde ese día, varios policías han vigilado su casa, por turnos, las 24 horas del día. Normalmente hay cinco agentes. A otras personas que viven con ella se les ha permitido salir de la casa, pero los agentes han intentado detener a Hernández cada vez que ella ha intentado salir. Los datos móviles de su teléfono celular y su conexión a internet no han funcionado desde su detención, dijo Hernández.
En la mayoría de los demás casos documentados por Human Rights Watch, los críticos que enfrentan estas restricciones nunca fueron notificados, ni siquiera de manera verbal, que estas medidas estaban relacionadas con una supuesta investigación penal.
Muchos periodistas y artistas también fueron víctimas de detenciones arbitrarias, a menudo por intentar salir de sus casas mientras enfrentaban restricciones a la circulación. Policías y agentes de la seguridad del Estado detuvieron a muchos de los artistas y periodistas de forma reiterada. En la gran mayoría de los casos, los agentes no mostraron una orden de detención ni les indicaron a los detenidos el motivo por el cual se los arrestaba. La mayoría de las personas detenidas fueron liberadas después de algunas horas. En algunos casos, los agentes llevaron a las personas detenidas a zonas despobladas donde las retuvieron varias horas, o simplemente las dejaron encerradas dentro de un carro policial, en vez de llevarlas hasta una estación de policía, y después las liberaron.
Algunos también han sido objeto de detención arbitraria por períodos más largos. Maykel Castillo, uno de los intérpretes en la canción “Patria y vida”, quien había enfrentado varias detenciones arbitrarias de corta duración, fue detenido en su vivienda el 18 de mayo. Su familia no supo cuál era su paradero hasta el 31 de mayo, cuando las autoridades cubanas les informaron que se encontraba en la cárcel de Pinar del Río. Pocos días antes, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas había instado al gobierno cubano a que revelara su paradero.
Un documento judicial al cual tuvo acceso Human Rights Watch indica que Castillo está siendo investigado por los cargos de “desacato”, “resistencia” y “atentado”. Según un medio de noticias oficial de Cuba, los cargos están relacionados con una protesta del 4 de abril en La Habana, que fue pacífica y durante la cual un policía intentó arrestar a Castillo. Varios residentes intentaron defenderlo e impidieron que se produjera la detención.
Luis Manuel Otero Alcántara, una figura destacada del movimiento San Isidro y también intérprete de “Patria y vida”, ha sido blanco de reiterados arrestos y restricciones a la circulación. El 25 de abril, empezó una huelga de hambre para exigir que las autoridades dejaran de hostigarlo y le devolvieran algunas de sus obras que habían confiscado durante una requisa en su vivienda realizada el 17 de abril.
El 2 de mayo, se presentaron agentes en su domicilio, lo esposaron y lo llevaron por la fuerza a un hospital, según contó. Al día siguiente, Alcántara decidió terminar la huelga por temor a que lo obligaran a comer. Contó que estuvo en condiciones de detención durante la internación hospitalaria. Se encontraba en una habitación de cinco metros cuadrados con tres agentes de seguridad que estaban presentes en todo momento. No se le permitió llamar a nadie y solamente pudo tener cuatro visitas familiares de cinco minutos, afirmó. Los agentes lo liberaron el 30 de mayo, después de amenazar con encarcelarlo. “Me dijeron que, si no me manejaba bien, podrían hacer conmigo lo que quisieran”, afirmó Alcántara.
