La política de expulsión de España ha contribuido a la muerte de inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas, con un número de víctimas especialmente elevado en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. El Parlamento del país ha mejorado la protección de las víctimas de violación y consentimiento sexual, consolidando los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, y mejorando el proceso legal de reconocimiento de género. La pobreza y la inseguridad alimentaria siguen siendo motivo de preocupación, tras verse exacerbadas por la pandemia de Covid-19. Continuaron los desalojos de inquilinos y de deudores hipotecarios, a pesar de la prórroga de una moratoria relacionada con la pandemia para las personas que pudieran demostrar su vulnerabilidad socioeconómica.

 

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