Una enorme concentración de poder en el ejecutivo ha permitido al gobierno del presidente Daniel Ortega cometer atroces abusos contra críticos con total impunidad. La crisis de derechos humanos en Nicaragua, que comenzó con la represión de las protestas en abril de 2018, sigue deteriorándose. Más de 30 críticos del gobierno permanecen entre rejas y otros 222 fueron liberados , enviados a Estados Unidos y despojados abusivamente de su nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023. El gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales y ha promulgado leyes que violan la libertad de expresión y de reunión. Decenas de miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar su país en los últimos años por falta de oportunidades o temor a la persecución.

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