por Noam Chomsky
Publicado originalmente en Z, Mayo de 1998

como �Domestic Constituencies�

del Sitio Web Inventati

Empecemos por unos puntos sencillos, asumiendo las condiciones que hoy prevalecen; no, por supuesto, el t�rmino de la inacabable lucha por la libertad y la justicia.

Hay una �arena p�blica� donde, en principio, los individuos pueden participar en las decisiones que afectan a la sociedad en general : c�mo se obtienen y utilizan los ingresos p�blicos, cu�l ser� la pol�tica exterior, etc. En un mundo de naciones estado, la arena p�blica es fundamentalmente la pol�tica, en varios niveles.

La democracia funciona en tanto en cuanto los individuos participan de forma significativa en la cuesti�n p�blica, a la vez que se ocupan de sus propios asuntos, individual y colectivamente, sin ser ileg�timamente interferidos por las concentraciones de poder. El funcionamiento de la democracia presupone una relativa igualdad de acceso a las fuentes � materiales, informativas y dem�s �, una perogrullada tan antigua como Arist�teles. En teor�a los gobiernos se instituyen para servir a sus �electorados nacionales�, a cuya voluntad deben someterse.

Una forma de valorar el funcionamiento de la democracia es, pues, la medida en que la teor�a se aproxima a la realidad y en que los �electorados nacionales� se aproximan a coincidir con la poblaci�n.

En las democracias con capitalismo de estado, la arena p�blica ha sido ampliada y enriquecida por la larga y enconada lucha popular. A la vez, la concentraci�n del poder privado ha procurado restringirla. Estos conflictos constituyen una buena parte de la historia moderna. La manera m�s eficaz de restringir la democracia es transferir la toma de decisiones, de la arena p�blica, a instituciones que no responden ante nadie: reyes y pr�ncipes, castas sacerdotales, juntas militares, dictaduras partidistas o las modernas sociedades an�nimas.

Las decisiones a que llegan los directivos de la GE afectan sustancialmente a la sociedad en general, pero, por principio, los ciudadanos no participan en su adopci�n (podemos dejar de lado el transparente mito del mercado y la �democracia� de los accionistas).

Los sistemas de poder exentos de responsabilidades ofrecen ciertas opciones a los ciudadanos. Estos pueden hacer peticiones al rey o al presidente de la empresa, o afiliarse al partido que gobierna. Pueden probar a trabajar para la GE o bien comprar sus productos. Pueden luchar por sus derechos dentro de las tiran�as, estatales y privadas, y solidariz�ndose con otros pueden tratar de limitar o desmantelar el poder ileg�timo, persiguiendo ideales tradicionales, entre los que se incluyen los que animaron al movimiento obrero norteamericano desde sus tempranos or�genes: que quienes trabajan en las f�bricas deben ser sus propietarios y quienes las dirijan.

La �concentraci�n empresarial en Estados Unidos�, ocurrida durante el �ltimo siglo, ha sido un ataque contra la democracia; y en los mercados ha formado parte del giro por el que se ha pasado de algo parecido al �capitalismo� a los mercados sumamente administrados de la moderna era estatal-monopolista. Una variedad actual se llama �minimizaci�n� del estado, es decir, transferir de la arena p�blica a otro sitio el poder para tomar decisiones: �al pueblo�, en la ret�rica del poder; a las tiran�as privadas, en el mundo real.

Todas estas medidas est�n concebidas para limitar la democracia y domar a la �vil plebe�, como calificaron a la poblaci�n quienes se llamaban a s� mismos los �hombres de mejor calidad� durante el primer estallido de la democracia en el per�odo moderno, en la Inglaterra del siglo XVII; los �hombres responsables�, como se llaman a s� mismos hoy. Los problemas fundamentales persisten, adoptando constantemente nuevas formas, reclamando nuevas medidas de control y de marginalizaci�n, y conduciendo a nuevas formas de lucha popular.

Los llamados �acuerdos de libre comercio� son uno de estos instrumentos para minar la democracia. Est�n dise�ados para transferir la toma de decisiones sobre las aspiraciones y la vida de los pueblos a manos de las tiran�as privadas que operan en secreto y sin supervisi�n ni control p�blicos. No es sorprendente que a la gente no le gusten. La oposici�n es casi instintiva, justa respuesta al cuidado con que se a�sla a la vil plebe de la informaci�n y dem�s conocimientos relevantes.

Gran parte del cuadro se admite t�citamente.

Acabamos de presenciar un nuevo ejemplo: el intento en los �ltimos meses de aprobar una legislaci�n, la �V�a R�pida�, que permita al ejecutivo negociar acuerdos comerciales sin supervisi�n del Congreso ni conocimiento p�blico; bastar� con un simple s� o no. La V�a R�pida tiene el casi un�nime apoyo de los sistemas de poder, pero, como observaba con pesadumbre el Wall Street Journal, quienes se oponen tal vez tengan un �arma decisiva�: la mayor�a de la poblaci�n.

El p�blico segu�a oponi�ndose a la legislaci�n, a pesar de la barrera artillera de los medios de comunicaci�n, tontamente convencido de que tiene que saber lo que le est� ocurriendo y de que tiene voz para decidirlo. De manera similar, el TLC fue impuesto a la fuerza, contra la oposici�n p�blica, que se mantuvo firme incluso despu�s del respaldo entusiasta y casi un�nime del poder estatal y empresarial, incluidos sus medios informativos, que incluso se negaron a permitir que expusieran sus posturas los principales oponentes (el movimiento sindical) mientras los denunciaban por diversas fechor�as inventadas.(1)

La V�a R�pida se present� como una cuesti�n de libertad de comercio, pero eso no es exacto. Los m�s ardientes partidarios del libre comercio se opondr�an firmemente a la V�a R�pida de darse el caso de creer ellos en la democracia, que es lo que est� en juego. Dejando esto de lado, es dif�cil calificar los acuerdos proyectados de acuerdos de libre comercio en mayor medida que el TLC o los tratados del GATT, temas que abordamos en otros lugares.

La raz�n oficial de la V�a R�pida fue expuesta por Jeffrey Lang, vice-representante para el Comercio de Estados Unidos:

�El principio fundamental de las negociaciones es que una �nica persona [el presidente] pueda negociar en nombre de Estados Unidos�(2).

El papel del Congreso consiste en estampar el sello, el papel del p�blico en mirar; preferiblemente, en mirar hacia otro 1ado.

El �principio fundamental� es bastante cierto, pero es estrecho de miras. Vale para el comercio, pero no para las dem�s cuestiones: los derechos humanos, por ejemplo. En �stas, el principio es el contrario: los miembros del Congreso han de tener garantizadas todas las posibilidades de asegurarse de que Estados Unidos mantenga su reputaci�n de no ratificar los acuerdos, uno de los peores del mundo.

Los pocos convenios a los que siquiera se les ha permitido llegar al Congreso han sido retenidos durante a�os, e incluso las raras ratificaciones han sido lastradas con condiciones que las hacen inoperantes en Estados Unidos: no son �de efecto inmediato� y tienen especiales restricciones. Una cosa es el comercio, otra distinta la tortura y los derechos de las mujeres y los ni�os.

La distinci�n tiene un valor m�s general. China est� bajo amenaza de severas sanciones por no haberse adherido a las exigencias proteccionistas de Washington, o por no respetar las sanciones a los libaneses. Pero el terror y la tortura provocan una respuesta distinta: en este caso, las sanciones podr�an ser �contraproducentes�.

Entorpecer�an nuestros esfuerzos por extender la cruzada de los derechos humanos al sufrido pueblo de China y sus dominios; lo mismo que la renuencia a instruir a los oficiales del ej�rcito indonesio �disminuye nuestra capacidad para influir positivamente en [su] comportamiento y pol�tica sobre derechos humanos�, seg�n explic� hace poco el Pent�gono. Por lo tanto, el empe�o misionero en Indonesia prosigue, eludiendo las resoluciones del Congreso.

Esto por lo menos es coherente. Basta con recordar c�mo la instrucci�n militar estadounidense �pag� dividendos� a principios de la d�cada de 1960 y �foment� que los militares llevaran a cabo sus necesarias tareas, como informaba al Congreso y al presidente el secretario de Defensa Roberto McNamara despu�s de las grandes masacres dirigidas por el ej�rcito en 1965, que arrojaron cientos de miles de cad�veres en unos cuantos meses, una �incre�ble matanza masiva� (New York Times) que despert� incontenida euforia entre los �hombres de la mejor calidad� (incluido el Times) y compens� a los �moderados� que la hab�an orquestado.

McNamara tiene un especial prestigio para la formaci�n de oficiales del ej�rcito indonesio en universidades norteamericanas, �factores muy significativos� para asentar la �nueva elite pol�tica Indonesia� (el ej�rcito) en el debido rumbo.

Al redactar su pol�tica de derechos humanos para China, la administraci�n podr�a haber recordado tambi�n el constructivo consejo de una misi�n militar de Kennedy en Colombia:

�Si es necesario, real�cense actividades paramilitares, de sabotajes y/o terroristas contra conocidos partidarios del comunismo� (f�rmula que comprende campesinos, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, etc.).

Los alumnos aprendieron bien la lecci�n, cosechando el peor expediente sobre derechos humanos de la d�cada de 1990 en el hemisferio mientras aumenta la instrucci�n y ayuda militar de Estados Unidos.

Las personas razonables pueden entender f�cilmente, pues, que ser�a contraproducente presionar demasiado a China por cuestiones como la tortura de los disidentes o las atrocidades en T�bet.

Esto incluso podr�a dar lugar a que China padeciera los �perjudiciales efectos de [ser] una sociedad aislada de la influencia norteamericana�, raz�n aducida por un grupo de ejecutivos empresariales para levantar las barreras comerciales estadounidenses que los privan de los mercados de Cuba, donde colaborar�an a restaurar los �beneficiosos efectos de la influencia norteamericana� que prevalecieron desde la �liberaci�n�, hace un siglo, y a lo largo de los a�os de Batista, las mismas influencias que se han demostrado tan ben�ficas en Hait�, El Salvador y otros para�sos contempor�neos; y que, por casualidad, al mismo tiempo rinden beneficios.(3)

Estas sutiles discriminaciones deben formar parte del bagaje de quienes aspiren a la respetabilidad y al prestigio. Una vez dominadas, entenderemos por qu� los derechos de los inversores y los derechos humanos requieren tan distinto tratamiento.

La contradicci�n del �principio fundamental� s�lo es aparente.



Agujeros negros de la propaganda

Siempre es esclarecedor buscar lo que se omite en las campa�as de propaganda. La V�a R�pida fue objeto de una enorme publicidad. Pero varias cuestiones esenciales desaparecieron en el agujero negro reservado a los temas considerados no aptos para el consumo p�blico. Uno es el hecho, ya mencionado, de que no era una cuesti�n de acuerdos comerciales sino m�s bien de principios democr�ticos.

A�n m�s sorprendente es que durante toda la intensa campa�a no parece haberse hecho menci�n p�blica del inminente tratado que deb�a haber ocupado el primer plano del inter�s: el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), un asunto de mucha mayor importancia que integrar Chile en el TLC u otras minucias que sirvieron para ilustrar por qu� el presidente deb�a negociar en solitario los acuerdos, sin injerencia del p�blico.

El AMI cuenta con el potente apoyo de las instituciones financieras e industriales que han estado �ntimamente implicadas en su planeamiento desde el principio: por ejemplo, el Consejo sobre Finanzas Internacionales de Estados Unidos, el cual, en sus propias palabras, �promueve todos los intereses econ�micos norteamericanos tanto en el interior como en el extranjero�.

En enero de 1996, el Consejo incluso public� una gu�a del Acuerdo Multilateral sobre inversiones, accesible a su electorado del mundo de los negocios y c�rculos pr�ximos, y seguramente a los medios de comunicaci�n. Incluso antes de que la V�a R�pida se llevara al Congreso, el Consejo solicit� a la administraci�n Clinton que incluyera el AMI en la legislaci�n a tramitar de inmediato, informaba el Miami Herald en julio de 1997, lo que parece ser la primera menci�n del AMI en la prensa y una menci�n excepcional; volveremos sobre los detalles.(4)

�Por qu� entonces el silencio durante la controversia de la V�a R�pida sobre todo lo relativo al AMI?

Una raz�n plausible viene a la cabeza. Pocos dirigentes pol�ticos y de los medios de comunicaci�n dudan de que el p�blico, si era informado, se hubiera mostrado poco entusiasta del AMI. Los opositores podr�an haber blandido, una vez m�s, su �arma decisiva�, caso de haberse filtrado los datos.

S�lo era sensato, pues, llevar a cabo las negociaciones del AMI bajo un �velo de secreto�, tomando la expresi�n usada por el presidente del Tribunal Supremo de Australia, sir Anthony Mason, al condenar la decisi�n de su gobierno de impedir la inspecci�n p�blica de las negociaciones sobre �un acuerdo que podr�a tener gran impacto en Australia si lo ratificamos�.(5)

Ninguna voz semejante se oy� por aqu�. Habr�a sido superflua: el velo del secreto se defendi� con mucha mayor vigilancia en nuestras instituciones libres.

Dentro de Estados Unidos pocos saben algo sobre el AMI, que ha sido objeto de intensas negociaciones en la OCDE desde mayo de 1995. La fecha originalmente fijada para concluirlo era mayo de 1997. De haberse alcanzado el objetivo, el p�blico habr�a sabido tanto sobre el AMI como sabe sobre la Ley de Telecomunicaciones de 1996, otro gran regalo p�blico al poder privado concentrado, que se mantuvo en gran parte reducido a las p�ginas econ�micas. Pero los pa�ses de la OCDE no se pusieron de acuerdo sobre las previsiones y hubo que retrasar un a�o la fecha fijada.

El plan original y preferencial consist�a en forjar el tratado dentro de la Organizaci�n Mundial del Comercio. Pero el prop�sito fue bloqueado por los pa�ses tercermundistas, sobre todo por la India y Malasia, que reconocieron que las medidas que se estaban redactando los habr�an privado de los instrumentos que hab�an utilizado los pa�ses ricos para fortalecer su posici�n.

Las negociaciones se trasladaron entonces a los cuarteles generales m�s seguros de la OCDE, donde se esperaba alcanzar un acuerdo al que �querr�an sumarse los pa�ses emergentes�, seg�n delicada f�rmula del Economist de Londres,(6) so pena de verse privados de los mercados y los recursos de los ricos, lo que habitualmente significa la �libertad de elecci�n� en los sistemas con inmensas desigualdades de poder y riqueza.

Durante casi tres a�os se mantuvo a la vil plebe en la bendita ignorancia de lo que estaba ocurriendo. Pero no por completo. En el tercer mundo se hab�a convertido en un tema candente a principios de 1997.(7) En Australia, la noticia salt� a las p�ginas econ�micas en enero de 1998, dando pie a un frenes� de informaciones y controversias en la prensa nacional, de ah� la condena de sir Anthony al dirigirse a una convenci�n en Melbourne.

El partido de la oposici�n �urgi� al gobierno a remitir el acuerdo al comit� parlamentario sobre tratados antes de firmarlo�, seg�n la prensa. El gobierno se neg� a proporcionar al Parlamento una informaci�n detallada y a permitir el examen parlamentario.

Nuestra �posici�n sobre el AMI es muy clara�, respondi� el gobierno:

�No firmaremos nada a no ser que sea demostrablemente beneficioso para el inter�s nacional de Australia�.

En suma: �Haremos lo que nos d� la gana�; o dicho con mayor exactitud, lo que nos digan nuestros se�ores; y siguiendo el habitual procedimiento, el �inter�s nacional� lo definir�an los centros de poder, a puerta cerrada.

Bajo la presi�n, el gobierno acept� unos d�as despu�s que un comit� parlamentario examinara el AMI. Los editorialistas sancionaron de mala gana la decisi�n: era necesaria para responder a la,

�histeria xen�foba� de los �alarmistas� y a la �imp�a alianza de los grupos de ayuda, los sindicatos, los ecologistas y los extravagantes te�ricos de la conspiraci�n�.

Advert�an, no obstante, que despu�s de esta desafortunada concesi�n es �de vital importancia que el gobierno no retroceda ni un paso m�s en su firme compromiso� con el AMI.

El gobierno neg� la acusaci�n de actuar en secreto, se�alando que estaba disponible en Internet un borrador del tratado; gracias a los grupos activistas que lo colocaron all�, una vez que les lleg� por filtraciones.(8)

Podemos reconfortarnos: �la democracia florece en Australia, de todos modos!

En Canad�, que est� ahora afrontando una forma de incorporaci�n a Estados Unidos acelerada por el �libre comercio�, la �imp�a alianza� tuvo mucho mayor �xito. Durante a�os el tratado se hab�a discutido en los principales diarios y semanarios de informaci�n, en las horas punta de la televisi�n nacional y en reuniones p�blicas.

La provincia de la Columbia Brit�nica anunci� en la C�mara de los Comunes que era �firmemente contraria� al tratado propuesto, se�alando las �inaceptables restricciones� que impon�a a los gobiernos electos en los planos federal, provincial y local; su perjudicial impacto en los programas sociales (atenci�n sanitaria, etc.), as� como en la protecci�n del medio ambiente y en la administraci�n de los recursos; la desusada amplitud con que se defin�a �inversi�n�; y otros ataques contra la democracia y los derechos humanos.

El gobierno de la provincia se opon�a en especial a las disposiciones que permit�an a las corporaciones litigar contra los gobiernos, a la vez que quedaban exentas de cualesquiera obligaciones, y a que se resolvieran sus acusaciones ante �comisiones de arbitraje no elegidos ni responsables ante nadie�, que se compondr�an de �expertos en comercio� y actuar�an sin normas probatorias ni transparencia, y sin posibilidad de apelaci�n.

Al haber sido desgarrado el velo del secreto por las escandaleras procedentes de abajo, el gobierno canadiense tuvo necesidad de asegurar al p�blico que la desinformaci�n se ejerc�a por su bien.

De la tarea se ocup�, en un debate televisado a escala nacional por la CBC, el ministro federal canadiense de Comercio Internacional, Sergio Marchi:

�l �quer�a pensar que la gente se sent�a tranquilizada�, dijo, por la �honradez que yo creo que transmite nuestro primer ministro� y �el amor que tiene por Canad�.

Lo cual deb�a resolver el contencioso. De modo que la democracia tambi�n tiene buena salud al norte de la frontera.

Seg�n la CBC, el gobierno canadiense � lo mismo que el australiano � �no tiene en este momento planes para ninguna legislaci�n sobre el AMI� y �el ministro de Comercio dijo que tal vez no fuera necesaria�, puesto que el AMI no es m�s que una ampliaci�n del TLC.(9)

El tema se ha discutido en los medios de comunicaci�n nacionales de Inglaterra y Francia, pero yo no s� si all�, o en cualquier otro lugar del mundo libre, se consider� necesario asegurar al p�blico que c�mo mejor cuidan sus intereses es teniendo fe en los dirigentes que �los aman�, �rezuman honradez� y defienden inamoviblemente �el inter�s nacional�.

No es demasiado sorprendente que la historia haya seguido un curso �nico en el estado m�s poderoso del mundo, donde los �hombres de la mejor calidad� se declaran campeones de la libertad, la justicia, los derechos humanos y � sobre todo � la democracia. Seguramente quienes dirigen los medios de comunicaci�n han estado en todo momento informados sobre el AMI y sus importantes consecuencias, al igual que los intelectuales p�blicos y los expertos reconocidos.

Como ya hemos hecho notar, el mundo de los negocios estaba al tanto a la vez que participaba activamente. Pero en la m�s impresionante demostraci�n de autodisciplina, con salvedades que se confunden con el error estad�stico, la prensa libre ha logrado mantener a oscuras a quienes conf�an en ella; una tarea nada sencilla en un mundo tan complejo.

El mundo empresarial apoy� de forma abrumadora el AMI. Aunque el silencio impide demostrarlo con citas, es razonable barruntar que los sectores del mundo empresarial dedicados a ilustrar al p�blico no fueron menos entusiastas. Pero, una vez m�s, entienden que podr�a desenvainarse el �arma decisiva� si la vil plebe se huele lo que se est� haciendo. El dilema tiene una soluci�n l�gica.

Llevamos ya casi tres a�os observ�ndola.



Electorados respetables y no respetables

Los defensores del AMI tienen un argumento de peso: los cr�ticos carecen de informaci�n para plantear las cosas de manera convincente. El prop�sito del �velo de secreto� ha sido el de garantizar el resultado y el empe�o ha tenido un cierto �xito.

Esto es m�s espectacular en Estados Unidos, que disfruta de las instituciones democr�ticas m�s estables y m�s antiguas del mundo y puede alegar con todo derecho ser el modelo de democracia con capitalismo de estado. Dada la experiencia y el estatus, no es sorprendente que los principios de la democracia se comprendan con claridad en Estados Unidos y se expongan l�cidamente en las altas esferas.

Por ejemplo, el distinguido cient�fico Samuel Huntington, en su texto American Politics, observa que el poder debe ser invisible si quiere ser eficaz.

�Los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que se deje sentir pero no ver. El poder se mantiene fuerte cuando se mantiene en la oscuridad; expuesto a la luz del sol comienza a evaporarse.�

Ilustr� esta tesis en el mismo a�o (1981) mientras explicaba la funci�n de la �amenaza sovi�tica�:

�Es posible que haya que vender [la intervenci�n u otra acci�n militar] de tal modo que se cree la falsa impresi�n de que se est� luchando contra la Uni�n Sovi�tica. Es lo que Estados Unidos viene haciendo desde la doctrina Truman�.(10)

Dentro de estos l�mites � �creando la falsa impresi�n� para enga�ar al p�blico y dejarlo literalmente excluido � deben ejercer su pericia los l�deres responsables en las sociedades democr�ticas.

No obstante, no ser�a justo acusar a las potencias de la OCDE de llevar las negociaciones en secreto. Despu�s de todo, los activistas lograron poner una versi�n del borrador en Internet, luego de haberla conseguido de manera ilegal. Los lectores de �prensa alternativa� y de peri�dicos del tercer mundo y los que est�n infectados por la �imp�a alianza� han estado al corriente de los acontecimientos desde principios de 1997, por lo menos.

Y desde la corriente principal, nada hay que oponer a participar directamente en una organizaci�n que �vela por los intereses mundiales de las finanzas norteamericanas� y sus contrapartidas en otros pa�ses ricos.

Pero hay unos cuantos sectores que de alguna manera no han sido tenidos en cuenta: el Congreso estadounidense, por ejemplo. El pasado noviembre, veinticinco representantes de la C�mara enviaron una carta al presidente Clinton exponi�ndole que hab�an �llamado su atenci�n� las negociaciones del AMI, presumiblemente gracias a los esfuerzos de los activistas y otros grupos interesados por las cuestiones p�blicas.(11)

Ped�an al presidente que respondiera a tres sencillas preguntas.

  • Primera:

    �Dados los recientes alegatos de la administraci�n de que no puede negociar acuerdos complicados, multisectoriales y multilaterales sin las facultades de la v�a r�pida, �c�mo es que casi se ha completado el AMI�, con un texto �tan complicado como el del TLC o el GATT� y con estipulaciones que �requerir�an sustanciales limitaciones de las leyes y los principios norteamericanos referentes a la normativa federal, estatal y local sobre inversiones?�.

  • Segunda:

    ��C�mo se ha estado negociando este acuerdo, desde mayo de 1995, sin ninguna consulta ni vigilancia del Congreso, teniendo en cuenta, especialmente, la autoridad constitucionalmente exclusiva que tiene el Congreso para regular el comercio internacional?�.

  • Tercera:

    �El AMI es muy prolijo sobre las intervenciones, lo que permitir�a a un inversor o empresa extranjera pleitear directamente contra el estado estadounidense por perjuicios si adopt�ramos alguna medida que restringiera el "disfrute" de una inversi�n. Estas formulaciones son burdas y vagas y van notoriamente m�s all� del limitado concepto de intervenci�n que determina la legislaci�n interior norteamericana. �Por qu� habr�a de ceder voluntariamente Estados Unidos su inmunidad soberana y exponerse a ser condenado a pagar perjuicios en nombre de vaguedades como las que hablan de tomar medidas "con efectos equivalentes" a una expropiaci�n "indirecta"?�.

En el punto tres, los signatarios tal vez estuvieran pensando en el pleito de la Ethyl Corporation � famosa por producir gasolina con plomo � contra Canad�, en el que solicita 250 millones de d�lares para cubrir las p�rdidas derivadas de la �expropiaci�n� y los perjuicios sufridos por el �buen nombre� de la Ethyl a consecuencia de que la legislaci�n canadiense prohibi� el MMT, un aditivo de la gasolina.

Canad� considera que el MMT es una toxina perjudicial y un riesgo significativo para la salud, en concordancia con la Agencia norteamericana de Protecci�n del Medio Ambiente, que restringi� tajantemente su uso, y con el estado de California, que lo ha prohibido por completo.

La querella tambi�n solicita da�os y perjuicios por el �efecto disuasorio� de la ley canadiense, que ha hecho que Nueva Zelanda y otros pa�ses revisen el uso del MMT, acusa la Ethyl. Pero quiz� los firmantes estuvieran pensando en la querella contra M�xico de la empresa norteamericana Metalclad, dedicada a la manipulaci�n de residuos peligrosos, que reclama 90 millones de d�lares por los perjuicios de una �expropiaci�n� debida a que se incluy� dentro de una zona ecol�gica protegida un emplazamiento previsto para los residuos peligrosos.(12)

Estos pleitos se est�n llevando adelante dentro de las normas del TLC, que permiten a las corporaciones querellarse contra los estados, otorg�ndoles de hecho los derechos de un estado nacional (no de simples personas, como antes). La presumible intenci�n es sondear y, si es posible, expandir los (vagos) l�mites de estas normas.

En parte son s�lo intimidatorias, un instrumento reconocido y a menudo eficaz a disposici�n de aquellos con posibles para conseguir lo que quieren mediante amenazas legales que tal vez sean del todo fr�volas.(13)

�Teniendo el cuenta la enormidad de las potenciales consecuencias del AMI�, conclu�a la carta de los congresistas al presidente, �aguardamos ansiosamente sus respuestas a las preguntas�.

Una respuesta lleg� finalmente a los firmantes y no dec�a nada. Los medios de comunicaci�n estuvieron informados sobre todo esto, pero no s� que le hayan dado ninguna cobertura.(14)

Otro colectivo que ha sido menospreciado, junto con el Congreso, es la poblaci�n. Aparte de la prensa econ�mica, no hubo, que yo sepa, ninguna atenci�n por parte de la prensa de gran difusi�n hasta mediados de 1997, y pr�cticamente no ha habido ninguna desde entonces. Como ya se ha mencionado, el Miami Herald daba cuenta del AMI en julio de 1997, se�alando el entusiasmo y la participaci�n directa del mundo de los negocios.

El Chicago Tribune public� una informaci�n en diciembre, observando que el asunto �no hab�a sido objeto de ninguna atenci�n p�blica ni de debate pol�tico�, salvo en Canad�.

En Estados Unidos, �esta oscuridad parece deliberada�, denuncia el Tribune.

�Fuentes gubernamentales dicen que la administraci�n ... no est� interesada en promover m�s debates sobre la econom�a global.�

A la luz del �nimo del p�blico, el secreto es la mejor pol�tica y se conf�a en la connivencia del sistema de informaci�n.

El Newspaper of Record rompi� su silencio pocos meses despu�s, publicando un anuncio pagado por el International Forum on Globalization, que se opon�a al tratado.

El anuncio cita un titular del Business Week que describe el AMI como,

�el explosivo pacto comercial del que nunca se ha sabido nada�.

�El acuerdo ... reescribir�a la normativa sobre la propiedad extranjera: afectar�a a todo, desde las f�bricas hasta los bienes ra�ces e incluso a los valores financieros. Pero muchos legisladores nunca han sabido nada del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones debido a que las conversaciones secretas del presidente Clinton se han celebrado a cubierto del radar del Congreso�, y los medios de informaci�n se han atenido al programa de la Casa Blanca.

�Por qu�?, pregunta el Foro Internacional, respondiendo impl�citamente con un repaso a las principales caracter�sticas del tratado.

Pocos d�as despu�s (el 16 de febrero de 1998), la Morning Edition de Newspaper of Record presentaba un fragmento del AMI. Una semana despu�s, el Christian Science Monitor publicaba un fragmento (bastante magro). El New Republic ya se hab�a dado por enterado de que estaba surgiendo inter�s p�blico por el AMI.

El tema no hab�a sido adecuadamente cubierto en sectores respetables, llegaba a la conclusi�n el New Republic, porque �la gran prensa�, bien que por regla general se inclina hacia la izquierda, a�n se inclina mucho m�s hacia el internacionalismo. De ah� que los izquierdistas de la prensa no hubieran sabido percibir la oposici�n p�blica a la V�a R�pida en su momento ni se habr�an dado cuenta de que los mismos alborotadores �est�n ya arm�ndose [para] la batalla� contra el AMI.

La prensa deb�a hacer frente a sus responsabilidades con m�s seriedad y lanzar un golpe preventivo contra la �paranoia del AMI�, que ha ido �rebotando a trav�s de Internet� e incluso dando lugar a conferencias p�blicas.

Tal vez no fuera suficiente ridiculizarlos con aquello de �la tierra arrasada y el enjambre de helic�pteros negros�. El silencio tal vez tampoco fuese la actitud m�s acertada para que los pa�ses ricos pudieran �sellar la liberalizaci�n del derecho internacional sobre inversiones lo mismo que el GATT hab�a codificado la liberalizaci�n del comercio�.

El 1 de abril de 1998, el Washington Post dio al p�blico nacional la noticia en un art�culo de opini�n escrito por Fred Hiatt, editorialista de plantilla.

Ofrece la habitual mofa de los cr�ticos y de las acusaciones de �secretismo�; al fin y al cabo, el texto hab�a sido puesto (il�citamente) en la Web por activistas. Como otros que naufragan en este plano apolog�tica, no sacaba las evidentes conclusiones: que los medios de comunicaci�n deb�an abandonar graciosamente la escena. Cualquier dato significativo que manejen pod�a ser descubierto por la gente normal que buscara con diligencia y quedan declarados irrelevantes los an�lisis, comentarios y debates.

Hiatt escribe que el �AMI no ha merecido todav�a demasiada atenci�n en Washington� � especialmente en su peri�dico � un a�o despu�s de haber superado la primera fecha en que deb�a firmarse y tres semanas antes de la fecha prevista para 1998.

Limita su perspectiva a los pocos y vacuos comentarios oficiales, presentados como hechos indiscutibles, y a�ade que el gobierno ha,

�aprendido de la v�a r�pida que debe hacer consultas cuando todav�a se est�n elaborando los tratados, y sobre todo antes: con los sindicatos, con las autoridades locales, con los ecologistas y dem�s�.

Tal y como hemos podido ver.(15)

Quiz� como reacci�n a la carta de los congresistas, o a la salida a la luz de los chiflados, Washington hizo una declaraci�n oficial sobre el AMI el 17 de febrero de 1998. La declaraci�n del subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, y del vice-representante para el Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Lang, pas� completamente inadvertida para los informadores, que yo sepa. La declaraci�n es una rutinaria nota de prensa, pero merece los titulares de primera p�gina en comparaci�n a lo que se hab�a publicado antes (nada, en esencia).

Las virtudes del AMI se consideran evidentes; no hay descripci�n ni se ofrecen argumentos. En cuestiones como la mano de obra y el medio ambiente, �intervenciones�, etc�tera, el mensaje es el mismo que el emitido por los gobiernos de Canad� y Australia:

�Conf�en en nosotros y callen�.

De mayor inter�s es la buena noticia de que Estados Unidos se ha adelantado dentro de la OCDE a asegurarse de que el acuerdo �complementa nuestros esfuerzos m�s generales�, de momento desconocidos, �en favor del desarrollo sostenido y del mayor respeto a las normas laborales�.

Eizenstat y Lang �se felicitan de que las dem�s partes est�n de acuerdo con nosotros� en estos temas. Adem�s, ahora los otros pa�ses de la OCDE �est�n de acuerdo con nosotros en la importancia de trabajar en estrecha colaboraci�n con sus electorados nacionales para crear el consenso� sobre el AMI.

Est�n con nosotros en entender �que la participaci�n en este proceso es importante para los electorados nacionales�.

�En inter�s de la mayor transparencia�, a�ade la declaraci�n oficial, �la OCDE ha acordado hacer p�blico el texto del borrador del acuerdo�, quiz�s incluso antes de que se agoten los plazos.(16)

Aqu� tenemos, por fin, un sonoro tributo a la democracia y a los derechos humanos. La administraci�n Clinton est� encauzando el mundo, proclama, de modo que los �electorados nacionales� desempe�en un papel activo en la �creaci�n del consenso� sobre el AMI.

�Qui�nes son los �electorados nacionales�?

La pregunta se contesta f�cilmente echando un vistazo a los datos indiscutidos. El mundo financiero ha desempe�ado un papel activo en todo momento. El Congreso no fue informado y el enojoso p�blico � el �arma decisiva� � se mantuvo en la ignorancia. Un ejercicio directo de l�gica elemental nos informa con exactitud de qui�nes entiende Clinton que son los �electorados nacionales�.

Es una lecci�n �til. Rara vez se formulan con tanto candor y precisi�n los valores operativos de los poderosos. Para ser justos, no constituyen un monopolio de Estados Unidos. Estos valores los comparten los centros de poder estatales y privados de otras democracias parlamentarias, y sus contrapartidas en las sociedades donde no hay necesidad de entregarse a florilegios ret�ricos sobre la �democracia�.

Las lecciones est�n claras como el agua. Habr�a que tener verdadero talento para perd�rselas y para no ver cu�n bien ilustran las advertencias de Madison hace 200 a�os, cuando deploraba,

�la osada depravaci�n de los tiempos� en que �los agiotistas se convertir�n en la guardia pretoriana del gobierno, a la vez sus instrumentos y su tirano, sobornados por su liberalidad e intimid�ndolo con clamores y alianzas�.

Estas observaciones llegan al meollo del AMI.

Como buena parte de la pol�tica p�blica de los �ltimos a�os, especialmente en las sociedades angloamericanas, el tratado est� dise�ado para recortar la democracia y los derechos de los ciudadanos, transfiriendo a�n m�s poderes para tomar decisiones a las instituciones privadas que no rinden cuentas a nadie, a los gobiernos de los que estas instituciones son sus �electorados nacionales� y a las organizaciones internacionales con las que comparten �intereses comunes�.



Los t�rminos del AMI

�,Qu� dicen en realidad y qu� presagian los t�rminos del AMI? Si se permite que lleguen a la arena p�blica con puntos y comas, �,qu� descubriremos?

Puede que no haya una respuesta categ�rica a estas preguntas. Incluso si dispusi�ramos del texto completo del AMI, de la detallada lista de las reservas introducidas por los signatarios y de la documentaci�n palabra por palabra de las actas, no tendr�amos las respuestas. La raz�n es que las respuestas no vienen determinadas por las palabras sino por las relaciones de poder que impone su interpretaci�n. Hace dos siglos, en la que en su d�a era la democracia dominante, Oliver Goldsmith observ� que las �leyes machacan a los pobres y los ricos hacen la ley�; es decir, la ley que act�a, digan lo que digan las bellas palabras. El principio sigue siendo v�lido.(17)

Se trata, de nuevo, de perogrulladas que valen para todo. En la Constituci�n de Estados Unidos y en sus enmiendas no se encuentra nada que autorice a otorgar derechos humanos (libertad de expresi�n y de movimiento, derecho a comprar elecciones, etc.) a lo que los historiadores del derecho denominan �entidades jur�dicas colectivas�, entidades org�nicas que tienen derechos de �personas inmortales�, derechos que superan con mucho los de las personas de verdad, si tenemos en cuenta el poder de estas entidades, y derechos a los que ahora se van a sumar los propios de los estados, como hemos visto.

En vano se buscar� en la Carta de la ONU el fundamento de la autoridad que se irroga Washington cuando utiliza la fuerza y la violencia para perseguir el �inter�s nacional�, seg�n lo definen las personas inmortales que proyectan sobre la sociedad esa sombra llamada �la pol�tica�, en evocativa expresi�n de John Dewey.

El C�digo estadounidense define el �terrorismo� con gran claridad y la ley norteamericana establece severos castigos por ese delito. Pero no se encontrar� ninguna f�rmula que excluya a �los arquitectos del poder� de ser castigados por sus pr�cticas de terrorismo estatal, por no hablar de sus monstruosos clientes (mientras �stos gozan del favor de Washington).

Suharto, Saddam Hussein, Mobutu, Noriega y otros mayores y menores. Como se�alan a�o tras a�o las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos, pr�cticamente toda la ayuda exterior estadounidense es ilegal, desde la de los primeros recipendarios hasta la del �ltimo de la lista, porque la ley proh�be ayudar a pa�ses que practiquen la �tortura sistem�tica�.

Esa puede que sea la ley, pero �es eso lo que significa la ley?

El AMI cae dentro de la misma categor�a. El an�lisis correcto ser�a ponerse en el �peor de los casos�, si �el poder se mantiene en la oscuridad� y los abogados de las corporaciones, que son amanuenses a sueldo, logran imponer su interpretaci�n de la fraseolog�a queridamente ambigua y retorcida del borrador del tratado.

Hay interpretaciones menos agoreras, que tal vez sean las correctas si no es posible contener el �arma decisiva� y los procedimientos democr�ticos influyen en los resultados. Entre los posibles resultados, uno ser�a el desmantelamiento de toda la estructura y de las instituciones ileg�timas en que se apoya. Son asuntos que piden organizaci�n y acci�n popular, no palabras.

Aqu� se podr�an plantear cr�ticas a algunos de los cr�ticos del AMl (incluido yo). El texto desglosa los derechos de los �inversores�, no los de los ciudadanos, cuyos derechos quedan consiguientemente disminuidos. Los cr�ticos se han puesto de acuerdo en calificarlo de �acuerdo sobre los derechos de los inversores�, lo cual es bastante cierto, pero es enga�oso.

�Qui�nes son exactamente los �inversores�?

"La mitad de las acciones era en 1997 propiedad del 1% de las familias m�s ricas y casi el 90% era del 10% de las m�s ricas (la concentraci�n es a�n mayor en el caso de las obligaciones y los fondos de inversi�n, similar en otros valores); al agregar los planes de pensiones s�lo se produce una distribuci�n ligeramente m�s uniforme entre el 20% de familias m�s ricas.

Es comprensible el entusiasmo por la radical inflaci�n de valores en los �ltimos a�os. Y el control efectivo de las corporaciones radica en muy pocas manos institucionales y personales, con el respaldo de la ley, luego de un siglo de activismo judicial."

Hablar de �inversores� no debe hacer pensar en quienes trabajan en los talleres de las f�bricas, sino en la Caterpillar Corporation, que acaba de conseguir romper una importante huelga bas�ndose en la tan alabada inversi�n extranjera: utilizando el notable crecimiento de los beneficios que comparte con otros �electorados nacionales� para crear un exceso de capacidad productiva en el extranjero que socave los esfuerzos de los trabajadores de Illinois para resistir la erosi�n de sus sueldos y condiciones de trabajo.

Estas derivaciones son resultado en no peque�a medida de la liberalizaci�n financiera de los �ltimos veinticinco a�os, que va a ser ampliada con el AMI; tambi�n merece la pena anotar que esta era de liberalizaci�n financiera ha sido de un crecimiento m�s lento de lo normal (incluyendo el actual boom, la recuperaci�n m�s pobre de la historia de la posguerra): salarios bajos, beneficios altos y, dicho sea de paso, restricciones comerciales impuestas por los ricos.

Ser�a mejor calificar al AMI y similares empe�os de �acuerdos sobre derechos de las corporaciones� en vez de �acuerdos sobre derechos de los inversores�.

Los �inversores� relevantes son personas jur�dicas colectivas, no personas tal como se entend�a por sentido com�n y por tradici�n en los tiempos anteriores a que el activismo jur�dico creara el moderno poder concentrado de las corporaciones. Lo que conduce a otra cr�tica. Los contrar�as al AMI suelen alegar que los acuerdos conceden demasiados derechos a las corporaciones.

Pero hablar de conceder demasiados derechos al rey o al dictador, o al propietario de esclavos, es ceder demasiado terreno. M�s bien que �acuerdos sobre los derechos de las corporaciones�, estas medidas podr�an calificarse, con mayor exactitud, de �acuerdos sobre los poderes de las corporaciones�, dado que en absoluto est� claro que estas instituciones hayan de tener ninguna clase de derechos.

Cuando tuvo lugar la concentraci�n empresarial y financiera en las sociedades con capitalismo de estado, hace un siglo, en parte como reacci�n a los gigantescos fracasos del mercado, los conservadores � una ralea que actualmente apenas existe � se opusieron a este ataque contra los principios fundamentales del liberalismo cl�sico. Y con raz�n.

Cabe recordar la cr�tica de Adam Smith a las �sociedades an�nimas� de su �poca, especialmente al conceder cierta independencia a los gestores, y su actitud respecto a la inherente corrupci�n del poder privado: probablemente hay una �conspiraci�n contra el p�blico� cuando los hombres de negocios se re�nen a almorzar, en su �cida opini�n, dejando aparte cuando constituyen personas jur�dicas colectivas y alianzas entre ellos, con derechos extraordinarios que respalda y ampl�a el poder del estado.

Teniendo presentes estas salvedades, recordemos algunos de los previstos rasgos del AMI, bas�ndonos en la informaci�n que ha llegado al p�blico interesado gracias a la �imp�a alianza.

Se otorga a los �inversores� el derecho de mover libremente sus bienes, lo mismo las instalaciones industriales que los valores financieros, sin �interferencias estatales� (lo que significa la voz, del p�blico). Por procedimientos trapaceros consabidos en el mundo de los negocios y entre los abogados de las corporaciones, los derechos garantizan tambi�n a los inversores extranjeros la f�cil transferencia a inversores nacionales.

Entre las opciones democr�ticas que podr�an desecharse se cuentan las que reclaman que la propiedad sea local, compartir la tecnolog�a, direcci�n local, control de las corporaciones, normativa sobre salarios dignos, derechos preferenciales (para las zonas deprimidas, las minor�as, las mujeres, etc.), medidas para la protecci�n de la mano de obra, del consumidor y del medio ambiente, restricci�n de los productos peligrosos, apoyo a las industrias emergentes y estrat�gicas, reforma agraria, inspecci�n a cargo de la comunidad local y de los trabajadores (es decir, los fundamentos de la aut�ntica democracia), actividades sindicales (que podr�an interpretarse como amenazas ilegales contra el orden), etc.

Se permite a los �inversores� que pleiteen contra los estados en todos los �mbitos por infringir los derechos que se les han concedido. No hay reciprocidad: ni los ciudadanos ni los estados pueden pleitear contra los �inversores�. Los pleitos de Ethyl y Metalclad son iniciativas de tanteo.

No se admiten restricciones a las inversiones en pa�ses que violan los derechos humanos: Sud�frica en los d�as del �compromiso constructivo�, la Birmania actual. Hay que entender, desde luego, que los grandes no se ver�an afectados por tales limitaciones. Los poderosos est�n por encima de tratados y leyes.

Se han prohibido las limitaciones a la circulaci�n de capitales: por ejemplo, las condiciones impuestas por Chile para disuadir la entrada de capitales a corto plazo, que en general se reconoce que de alguna manera aislaron a Chile del impacto destructivo de los mercados financieros sumamente vol�tiles y sometidos a impredecibles irracionalidades gregarias.

O bien medidas de mucho mayor alcance, que bien podr�an invertir las delet�reas consecuencias de liberar la circulaci�n de capitales. Durante a�os han estado sobre la mesa serias propuestas para alcanzar estos objetivos, pero nunca hab�an llegado al orden del d�a de los �arquitectos del poder�. Bien es posible que la econom�a resulte perjudicada por la liberalizaci�n financiera, como parecen indicar los datos. Pero este perjuicio tiene poca importancia en comparaci�n con las ventajas derivadas de liberar la circulaci�n de capitales durante un cuarto de siglo, iniciada principalmente por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Breta�a. Estas ventajas son sustanciales.

La liberalizaci�n financiera colabora a la concentraci�n de la riqueza y proporciona poderosas armas para socavar los programas sociales. Ayuda a poner en pr�ctica la �contenci�n significativa de los salarios� y la �at�pica moderaci�n con que crecen las remuneraciones [que] parece ser sobre todo consecuencia de la mayor inseguridad de los trabajadores�, que tanto satisfacen al presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y a la administraci�n Clinton, pues mantienen un �milagro econ�mico� que despierta pasmo entre los beneficiarios y los ilusos observadores, sobre todo en el extranjero.

Aqu� hay pocas sorpresas. Los dise�adores del sistema econ�mico posterior a la Segunda Guerra Mundial abogaron por la libertad de comercio pero por la regulaci�n del capital; este fue el entramado b�sico del sistema de Bretton Woods de 1944, incluida la carta fundacional del FMI. Una de las razones fue la expectativa (bastante plausible) de que la liberalizaci�n financiera impedir�a la libertad de comercio.

Otra fue reconocer que ser�a una poderosa arma contra la democracia y contra el estado del bienestar, que ten�a un inmenso respaldo popular. La regulaci�n del capital permitir�a a los gobiernos ejercer pol�ticas monetaria y fiscal, mantener el pleno empleo y los programas sociales, sin temor a las fugas de capitales, se�al� Harry Dexter White, negociador en nombre de Estados Unidos, con el acuerdo de su contrapartida brit�nica, John Maynard Keynes.

La libre circulaci�n de capitales, por el contrario, hubiera creado lo que ciertos economistas internacionales llaman un �senado virtual�, en el que el muy concentrado capital financiero impondr�a su propia pol�tica social por encima de las poblaciones renuentes, castigando a los gobiernos que se desviaran mediante fugas de capitales."

Los supuestos de Bretton Woods prevalecieron durante la �edad dorada� de los altos niveles de crecimiento de la econom�a y la productividad, en la que fue ampli�ndose el contrato social, a lo largo de las d�cadas de 1950 y 1960. El sistema lo desmantel� Richard Nixon, con el apoyo brit�nico y, m�s tarde, de otras grandes potencias. La nueva ortodoxia fue institucionalizada en el �consenso de Washington�. Sus resultados fueron bastante conformes a las expectativas de quienes crearon el sistema de Bretton Woods.

El entusiasmo por los �milagros econ�micos� forjados por la nueva ortodoxia est� menguando, no obstante, entre los gestores de la econom�a global, conforme los casi desastres se han acelerado desde que la liberalizaci�n de la circulaci�n de capitales ha comenzado a amenazar a los �electorados nacionales� a la vez que a la poblaci�n en general.

El director financiero del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, la redacci�n del Financial Times de Londres y otras personas pr�ximas a los centros de poder empezaron a pedir medidas para regular la circulaci�n de capitales, siguiendo la orientaci�n de bastiones de respetabilidad como el Bank for International Settlements. El Banco Mundial tambi�n ha dado un poco marcha atr�s. No s�lo se entiende muy mal la econom�a global, sino que se est� haciendo dif�cil ignorar y remendar sus serias debilidades. Es posible que haya cambios en direcciones imprevisibles.(20)

Volviendo al AMI, los signatarios van a estar �sellados� durante veinte a�os. Se trata de una �propuesta del gobierno de Estados Unidos�, seg�n el portavoz de la C�mara Canadiense de Comercio, que al mismo tiempo es el principal consejero para inversiones y comercio de la IBM Canada y ha sido nombrado para representar a Canad� en debates p�blicos.(21)

El tratado lleva incorporado un efecto �trinquete�, una consecuencia de las disposiciones sobre �detenci�n� y �reducci�n�. La �detenci�n� significa que no se permite ninguna nueva legislaci�n que se interprete �no conforme� al AMI. La �reducci�n� significa que se cuenta con que los estados eliminen la legislaci�n vigente que se interprete �no conforme�. En todos los casos, la interpretaci�n corre a cargo de ya-se-sabe-qui�n.

El objetivo es �sellar a los pa�ses en� acuerdos que, con el tiempo, estrechar�n la esfera p�blica cada vez m�s, transfiriendo poder a los �electorados nacionales� reconocidos y a sus estructuras internacionales. Se incluyen en �stas una abundante serie de alianzas entre corporaciones para administrar la producci�n y el comercio, confiando a los estados poderosos que se encarguen de mantener el sistema a la vez que socializan los costos y riesgos de las corporaciones transnacionales radicadas en sus pa�ses; pr�cticamente todas las transnacionales, seg�n recientes estudios t�cnicos.

La fecha fijada para firmar el AMI era el 27 de abril de 1998, pero al acercarse el d�a fue haci�ndose evidente que probablemente habr�a demoras debido a las crecientes protestas populares y a desacuerdos dentro del club.

Seg�n rumores filtrados de los �rganos del poder (sobre todo a la prensa econ�mica extranjera), la Uni�n Europea y Estados Unidos pretenden permitir ciertos derechos a los estados miembros, hay empe�o de Estados Unidos por hacerse con algo as� como el inmenso mercado interior de que disfrutan las corporaciones radicadas en su territorio, reservas de Francia y Canad� para aceptar ciertos controles sobre su industria cultural (la amenaza es mucho mayor para los pa�ses m�s peque�os) y objeciones europeas a las extremadas y arrogantes interferencias estadounidenses en el mercado, como en el caso de la ley Helms-Burton.

El Economist informa de otros problemas adicionales. Se est�n haciendo m�s dif�ciles de obviar los temas laborales y ambientales, que �apenas figuraban al principio�. Cada vez es m�s dif�cil ignorar a los paranoicos y a los de la tierra arrasada, que �quieren que se consignen por escrito estrictas normas sobre c�mo los inversores extranjeros tratar�n a los trabajadores y proteger�n el medio ambiente�, y �sus fervientes ataques, difundidos a trav�s de una red de p�ginas en Internet, han creado dudas a los negociadores sobre c�mo seguir adelante�.

Una posibilidad ser�a prestar atenci�n a los deseos del p�blico. Pero esta opci�n no se menciona: queda excluida en principio, puesto que minar�a todo el proyecto.

Incluso si no se alcanza el punto final y se abandona el empe�o, eso no demostrar�a que todo haya sido �en vano�, explica el Economist a sus lectores.

Se han hecho progresos y, �con suerte, parte del AMl se convertir� en un primer borrador para un acuerdo global de la OMC sobre inversiones�, que los recalcitrantes �pa�ses en desarrollo� tal vez acepten de mejor grado, luego de unos cuantos a�os de ser machacados por las irracionalidades del mercado, la subsiguiente disciplina impuesta a las v�ctimas por los que gobiernan el mundo y la creciente conciencia, entre elementos de las elites locales, de que podr�n participar en los privilegios acumulados si ayudan a diseminar las doctrinas de los poderosos, por muy fraudulentas que sean y por mucho que afecten a otros. Hemos de esperar que �partes del AMI� se recreen en otros lugares, quiz�s en el FMI, que es convenientemente secreto.(22)

Desde otro punto de vista, posteriores demoras han dado nuevas oportunidades a la vil plebe para atravesar el velo del secreto.

Es importante que la poblaci�n en general descubra qu� es lo que se est� planeando. Los esfuerzos de los gobiernos y de los medios de comunicaci�n por mantenerlo todo a cubierto, excepto para sus �electorados nacionales� oficialmente reconocidos, son sin duda comprensibles.

Pero estas barreras han sido anteriormente superadas por la vigorosa acci�n p�blica y pueden volver a superarse.



Notas

1. V�anse mis art�culos de la �poca en Z; para an�lisis, Noam Chomsky, World Orders, Old and New, Columbia University Press, 1994; tambi�n los anteriores cap�tulos 4 y 5. Glenn Burins, �Labor Fights Against Fast-Track Trade Measure�, Wall Street Journal, 16 de septiembre de 1997.

2. Bob Davis, Wall Street Journal, 3 de octubre de 1997.

3. Bruce Clark, �Pentagon Strategists Cultivate Defense Ties with Indonesia�, Financial Times, 23 de marzo de 1998. Sobre 1965, v�ase Noam Chomsky, Year 501, South End, 1993, cap�tulo 4. Sobre JFK/Colombia, v�a-se Michael McClintock, en Alexander George, ed., Western State Terrorism, Polity, 1991, e Instruments Statecraft, Pantheon, 1992. Sobre Cuba: Nancy Dunne, Financial Times, 24 de marzo de 1998.

4. Jane Bussey, �New Rules Could Guide International Investment�, Miami Herald, 20 de julio de 1997.

5. Anthony Mason, �Are Our Sovereign Rights at Risk?�, The Age, 4 de marzo de 1998.

6. Economist, 21 de marzo de 1998.

7. V�ase, m�s adelante, la nota 9.

8. Hay inconsistentes alegatos sobre una posterior accesibilidad. David Forman, Australian, 14 de enero; Tim Colebatch, �Inquiry Call over "Veil of Secrecy"�, Age, 4 de marzo de 1998; editoriales de Australian, 9 y 12 de marzo de 1998; editorial de Age, 14 de marzo de 1998.

9. Laura Eggertson, �Treaty to Trim Ottawa�s Power�, Toronto Globe and Mail, 3 de abril de 1997; Macleans, 28 de abril y 1 de septiembre de 1997; CBC, 30 de octubre y 10 de diciembre de 1997. V�ase Monetary Reform (Shanty Bay, Ontario, n." 7, invierno de 1997-1998. Sobre la OMC, v�ase Mart�n Khor �Tra-de and Investment: Fighting over Investors� Rights at WTO�, Third World Economics (Penang, 15 de febrero de 1997. Texto del borrador: OCDE, Multilateral Agreement on Investment: Consolidated Texts and Commentary, OLIS, 9 de enero de 1 997, DAFFE/MAI/97; Confidencial; disponible en Preamble Center for Public Policy, 1737 21st. St. NW, Washington, D.C. 20009. Tambi�n se han citado borradores de fecha posterior, por ejemplo, Mart�n Khor, Third World Economics, l � 1 5 de febrero de 1998, citando OCDE, 1 de octubre de 1997. V�ase Scott Nova y Michelle Sforza-Roderick, de Preamble, .<M.I.A. Culpa�, Nation, 13 de enero de 1997; hay m�s art�culos en la prensa independiente (�alternativa�). Para m�s informaci�n, v�ase Maude Barlow y Tony Clarke, MAI and the Threat to American Freedom, Nueva York, Stoddart, 1998; International Forum of Globalization, 1555 Pacific Avenue, San Francisco, CA 94109; Public Citizen's Global Trade Watch, 215 Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003; Preamble Center, People�s Global Action ([email protected]).

10. Samuel Huntington, American Politics: The Promise of Disharmony,Harvard University Press, 1981; citado por Sidney Plotkin y William Scheurmann, Private Interests, Public Spending, South End, 1994, p. 223. Huntington, �Vietnam Reappraised�, International Security, verano de 1981.

11. Carta de la C�mara sobre el AMI dirigida al presidente Clinton, 5 de noviembre de 1997.

12. Laura Eggertson, �Ethyl Sues Ottawa over MMT Law�, G&M, 15 de abril de 1997; Third World Economics, 30 de junio de 1997; Briefing Paper: Ethyl Corporation v. Government of Canada, Preamble Center for Public Policy, s. f.; Joel Millman, Wall Street Journal, 14 de octubre de 1997. T�cnicamente la nueva ley s�lo proh�be la importaci�n y el comercio interprovincial de MMT, pero se trata de una eficaz prohibici�n, puesto que Ethyl s�lo produce o vende MMT. M�s tarde Canad� capitul� y levant� la prohibici�n, no queriendo afrontar un costoso pleito. John Urquhart, Wall Street Journal, 21 de julio de

1998. Canad� se enfrenta ahora a una nueva acusaci�n de �expropiaci�n�, esta de la empresa norteamericana de tratamiento de residuos peligrosos S. D. Myers, de nuevo al amparo de las normas del TLC, a prop�sito de la prohibici�n canadiense de exportar los muy t�xicos PCBs. Scott Morrison y Edward Alden, Financial Times, 2 de septiembre de 1998.

13. Un ejemplo actual es el pleito planteado por la cadena de residencias para ancianos Beverly Enterprises contra la historiadora de la clase obrera, Universidad de Comell, Kate Bronfenbrenner, quien testimoni� sobre las pr�cticas de la cadena en un ayuntamiento, invitada por miembros de una delegaci�n del Congreso de Pennsylvania, comunicaci�n personal, tambi�n Steven Greenhouse, NYT, 1 de abril de 1998; Deidre McFadyen, In These Times, 5 de abril de 1998. Para Beverly, el fallo es en buena medida irrelevante, puesto que las meras demandas perjudican seriamente a la profesora Bronfenbrenner y a su universidad, y tal vez tengan efectos disuasorios en otros investigadores e instituciones educativas.

14. Carta de la Casa Blanca, 20 de enero de 1998. Estoy en deuda con los empleados del Congreso, en especial con la oficina del congresista Bemie Sanders.

l5. Jane Bussey, �New Rules Could Guide International Investment�, Miami Herald, 20 de julio de 1997; R. C. Longworth, �New Rules for Global Economy�, Chicago Tribune, 4 de diciembre de 1997. V�ase tambi�n Jim Simon, �Environmentalists Suspicious of Foreign-Investor-Right Plan�, Seattle Times, 22 de noviembre de 1997; Lorrain Woellert, �Trade Storm Brews over Corporate Rights�, Washington Times, 15 de diciembre de 1997. Business Week, 9 de febrero de 1998; NYT, 13 de febrero de 1998, anuncio pagado; NPR, Morning Edition, 16 de febrero de 1998; Peter Ford, Christian Science Monitor, 28 de febrero de 1998; Peter Beinart, New Republic, 15 de diciembre de 1997; Fred Hiatt, Washington Post, 1 de abril de 1998.

16. �The Multilateral Agreement on lnvestment�, declaraci�n del subsecretario de Estado Stuart Eizenstat y del vicerrepresentante para el Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Lang, 17 de febrero de 1998.

17. Oliver Goldsmith, �The Traveller� (1765).

l 8. Lawrence Mishel, Jared Bernstein y John Schmidt, The State of Working America, 1996-97, Economic Policy Institute, M. E. Sharpe, 1997. Sobre los antecedentes legales, v�ase especialmente Morton Horwitz, The Transformation of American Law, l870-1960, Oxford University Press, 1992, cap�tulo 3.

l9. Eric Helleiner, States and Remergence of Global Finance, Cornell, 1994; James Mahon, Mobile Capital and Lat�n American Development, Pennsylvania State University, 1996.

20. Helleiner, op. cit., p. 190; editorial �Regulating Capital Flows�, Financial Times, 25 de marzo de 1998; Joseph Stiglitz, el mismo d�a; The State in a Changing World: World Development Renort 1997, Banco Mundial, 1997. Estas modificaciones han sido sistem�ticamente analizadas con gran profundidad por el economista internacional David Felix, por �ltima vez en su �Asia and the Crisis of Financial Liberalization�, en Dean Baker, Gerald Eps-tein y Robert Pollin, eds., Globalization and Progressive Economic Policy, Cambridge University Press, 1998.

21. Doug Gregory, St. Lawrence Center Forum, 18 de noviembre de 1997; reeditado en Monetary Reform, n.� 7, invierno de 1997-1998.

22. V�ase Guy de Jonquieres, �Axe over Hopes for MAI Accord�, Fi-nancial Times, 25 de marzo de 1998; Economist, 21 de marzo de 1998.

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