�
por Noam Chomsky
Publicado originalmente en Z, Mayo de 1998
como �Domestic Constituencies�
del Sitio Web
Inventati
�
Empecemos por unos puntos sencillos, asumiendo las condiciones que hoy
prevalecen; no, por supuesto, el t�rmino de la inacabable lucha por la
libertad y la justicia.
Hay una �arena p�blica� donde, en principio, los individuos pueden
participar en las decisiones que afectan a la sociedad en general : c�mo se
obtienen y utilizan los ingresos p�blicos, cu�l ser� la pol�tica exterior,
etc. En un mundo de naciones estado, la arena p�blica es fundamentalmente la
pol�tica, en varios niveles.
�
La democracia funciona en tanto en cuanto los
individuos participan de forma significativa en la cuesti�n p�blica, a la
vez que se ocupan de sus propios asuntos, individual y colectivamente, sin
ser ileg�timamente interferidos por las concentraciones de poder. El
funcionamiento de la democracia presupone una relativa igualdad de acceso a
las fuentes � materiales, informativas y dem�s �, una perogrullada tan
antigua como Arist�teles. En teor�a los gobiernos se instituyen para servir
a sus �electorados nacionales�, a cuya voluntad deben someterse.
�
Una forma
de valorar el funcionamiento de la democracia es, pues, la medida en que la
teor�a se aproxima a la realidad y en que los �electorados nacionales� se
aproximan a coincidir con la poblaci�n.
En las democracias con capitalismo de estado, la arena p�blica ha sido
ampliada y enriquecida por la larga y enconada lucha popular. A la vez, la
concentraci�n del poder privado ha procurado restringirla. Estos conflictos
constituyen una buena parte de la historia moderna. La manera m�s eficaz de
restringir la democracia es transferir la toma de decisiones, de la arena
p�blica, a instituciones que no responden ante nadie: reyes y pr�ncipes,
castas sacerdotales, juntas militares, dictaduras partidistas o las modernas
sociedades an�nimas.
�
Las decisiones a que llegan los directivos de la GE
afectan sustancialmente a la sociedad en general, pero, por principio, los
ciudadanos no participan en su adopci�n (podemos dejar de lado el
transparente mito del mercado y la �democracia� de los accionistas).
Los sistemas de poder exentos de responsabilidades ofrecen ciertas opciones
a los ciudadanos. Estos pueden hacer peticiones al rey o al presidente de la
empresa, o afiliarse al partido que gobierna. Pueden probar a trabajar para
la GE o bien comprar sus productos. Pueden luchar por sus derechos dentro de
las tiran�as, estatales y privadas, y solidariz�ndose con otros pueden
tratar de limitar o desmantelar el poder ileg�timo, persiguiendo ideales
tradicionales, entre los que se incluyen los que animaron al movimiento
obrero norteamericano desde sus tempranos or�genes: que quienes trabajan en
las f�bricas deben ser sus propietarios y quienes las dirijan.
La �concentraci�n empresarial en Estados Unidos�, ocurrida durante el �ltimo
siglo, ha sido un ataque contra la democracia; y en los mercados ha formado
parte del giro por el que se ha pasado de algo parecido al �capitalismo� a
los mercados sumamente administrados de la moderna era estatal-monopolista.
Una variedad actual se llama �minimizaci�n� del estado, es decir, transferir
de la arena p�blica a otro sitio el poder para tomar decisiones: �al
pueblo�, en la ret�rica del poder; a las tiran�as privadas, en el mundo
real.
�
Todas estas medidas est�n concebidas para limitar la democracia y
domar a la �vil plebe�, como calificaron a la poblaci�n quienes se llamaban
a s� mismos los �hombres de mejor calidad� durante el primer estallido de la
democracia en el per�odo moderno, en la Inglaterra del siglo XVII; los
�hombres responsables�, como se llaman a s� mismos hoy. Los problemas
fundamentales persisten, adoptando constantemente nuevas formas, reclamando
nuevas medidas de control y de marginalizaci�n, y conduciendo a nuevas
formas de lucha popular.
Los llamados �acuerdos de libre comercio� son uno de estos instrumentos para
minar la democracia. Est�n dise�ados para transferir la toma de decisiones
sobre las aspiraciones y la vida de los pueblos a manos de las tiran�as
privadas que operan en secreto y sin supervisi�n ni control p�blicos. No es
sorprendente que a la gente no le gusten. La oposici�n es casi instintiva,
justa respuesta al cuidado con que se a�sla a la vil plebe de la informaci�n
y dem�s conocimientos relevantes.
Gran parte del cuadro se admite t�citamente.
�
Acabamos de presenciar un nuevo
ejemplo: el intento en los �ltimos meses de aprobar una legislaci�n, la �V�a
R�pida�, que permita al ejecutivo negociar acuerdos comerciales sin
supervisi�n del Congreso ni conocimiento p�blico; bastar� con un simple s� o
no. La V�a R�pida tiene el casi un�nime apoyo de los sistemas de poder, pero,
como observaba con pesadumbre el Wall Street Journal, quienes se oponen tal
vez tengan un �arma decisiva�: la mayor�a de la poblaci�n.
�
El p�blico segu�a
oponi�ndose a la legislaci�n, a pesar de la barrera artillera de los medios
de comunicaci�n, tontamente convencido de que tiene que saber lo que le est�
ocurriendo y de que tiene voz para decidirlo. De manera similar, el TLC fue
impuesto a la fuerza, contra la oposici�n p�blica, que se mantuvo firme
incluso despu�s del respaldo entusiasta y casi un�nime del poder estatal y
empresarial, incluidos sus medios informativos, que incluso se negaron a
permitir que expusieran sus posturas los principales oponentes (el
movimiento sindical) mientras los denunciaban por diversas fechor�as
inventadas.(1)
La V�a R�pida se present� como una cuesti�n de libertad de comercio, pero
eso no es exacto. Los m�s ardientes partidarios del libre comercio se
opondr�an firmemente a la V�a R�pida de darse el caso de creer ellos en la
democracia, que es lo que est� en juego. Dejando esto de lado, es dif�cil
calificar los acuerdos proyectados de acuerdos de libre comercio en mayor
medida que el TLC o los tratados del GATT, temas que abordamos en otros
lugares.
La raz�n oficial de la V�a R�pida fue expuesta por Jeffrey Lang, vice-representante para el Comercio de Estados Unidos:
�El principio
fundamental de las negociaciones es que una �nica persona [el presidente]
pueda negociar en nombre de Estados Unidos�(2).
El papel del Congreso
consiste en estampar el sello, el papel del p�blico en mirar;
preferiblemente, en mirar hacia otro 1ado.
El �principio fundamental� es bastante cierto, pero es estrecho de miras.
Vale para el comercio, pero no para las dem�s cuestiones: los derechos
humanos, por ejemplo. En �stas, el principio es el contrario: los miembros
del Congreso han de tener garantizadas todas las posibilidades de asegurarse
de que Estados Unidos mantenga su reputaci�n de no ratificar los acuerdos,
uno de los peores del mundo.
�
Los pocos convenios a los que siquiera se les
ha permitido llegar al Congreso han sido retenidos durante a�os, e incluso
las raras ratificaciones han sido lastradas con condiciones que las hacen
inoperantes en Estados Unidos: no son �de efecto inmediato� y tienen
especiales restricciones. Una cosa es el comercio, otra distinta la tortura
y los derechos de las mujeres y los ni�os.
La distinci�n tiene un valor m�s general. China est� bajo amenaza de severas
sanciones por no haberse adherido a las exigencias proteccionistas de
Washington, o por no respetar las sanciones a los libaneses. Pero el terror
y la tortura provocan una respuesta distinta: en este caso, las sanciones
podr�an ser �contraproducentes�.
�
Entorpecer�an nuestros esfuerzos por
extender la cruzada de los derechos humanos al sufrido pueblo de China y sus
dominios; lo mismo que la renuencia a instruir a los oficiales del ej�rcito
indonesio �disminuye nuestra capacidad para influir positivamente en [su]
comportamiento y pol�tica sobre derechos humanos�, seg�n explic� hace poco
el Pent�gono. Por lo tanto, el empe�o misionero en Indonesia prosigue,
eludiendo las resoluciones del Congreso.
�
Esto por lo menos es coherente.
Basta con recordar c�mo la instrucci�n militar estadounidense �pag� dividendos� a principios de la d�cada de 1960 y �foment� que los militares
llevaran a cabo sus necesarias tareas, como informaba al Congreso y al
presidente el secretario de Defensa Roberto McNamara despu�s de las grandes
masacres dirigidas por el ej�rcito en 1965, que arrojaron cientos de miles
de cad�veres en unos cuantos meses, una �incre�ble matanza masiva� (New York
Times) que despert� incontenida euforia entre los �hombres de la mejor
calidad� (incluido el Times) y compens� a los �moderados� que la hab�an
orquestado.
�
McNamara tiene un especial prestigio para la formaci�n de
oficiales del ej�rcito indonesio en universidades norteamericanas, �factores
muy significativos� para asentar la �nueva elite pol�tica Indonesia� (el
ej�rcito) en el debido rumbo.
Al redactar su pol�tica de derechos humanos para China, la administraci�n
podr�a haber recordado tambi�n el constructivo consejo de una misi�n militar
de Kennedy en Colombia:
�Si es necesario, real�cense actividades
paramilitares, de sabotajes y/o terroristas contra conocidos partidarios del
comunismo� (f�rmula que comprende campesinos, sindicalistas, activistas de
los derechos humanos, etc.).
Los alumnos aprendieron bien la lecci�n,
cosechando el peor expediente sobre derechos humanos de la d�cada de 1990 en
el hemisferio mientras aumenta la instrucci�n y ayuda militar de Estados
Unidos.
Las personas razonables pueden entender f�cilmente, pues, que ser�a
contraproducente presionar demasiado a China por cuestiones como la tortura
de los disidentes o las atrocidades en T�bet.
�
Esto incluso podr�a dar lugar
a que China padeciera los �perjudiciales efectos de [ser] una sociedad
aislada de la influencia norteamericana�, raz�n aducida por un grupo de
ejecutivos empresariales para levantar las barreras comerciales estadounidenses que los privan de los mercados de Cuba, donde colaborar�an
a restaurar los �beneficiosos efectos de la influencia norteamericana� que
prevalecieron desde la �liberaci�n�, hace un siglo, y a lo largo de los a�os
de Batista, las mismas influencias que se han demostrado tan ben�ficas en
Hait�, El Salvador y otros para�sos contempor�neos; y que, por casualidad,
al mismo tiempo rinden beneficios.(3)
Estas sutiles discriminaciones deben formar parte del bagaje de quienes
aspiren a la respetabilidad y al prestigio. Una vez dominadas, entenderemos
por qu� los derechos de los inversores y los derechos humanos requieren tan
distinto tratamiento.
�
La contradicci�n del �principio fundamental� s�lo es
aparente.
Agujeros negros de la propaganda
Siempre es esclarecedor buscar lo que se omite en las campa�as de
propaganda. La V�a R�pida fue objeto de una enorme publicidad. Pero varias
cuestiones esenciales desaparecieron en el agujero negro reservado a los
temas considerados no aptos para el consumo p�blico. Uno es el hecho, ya
mencionado, de que no era una cuesti�n de acuerdos comerciales sino m�s bien
de principios democr�ticos.
�
A�n m�s sorprendente es que durante toda la
intensa campa�a no parece haberse hecho menci�n p�blica del inminente
tratado que deb�a haber ocupado el primer plano del inter�s: el Acuerdo
Multilateral sobre Inversiones (AMI), un asunto de mucha mayor importancia
que integrar Chile en el TLC u otras minucias que sirvieron para ilustrar
por qu� el presidente deb�a negociar en solitario los acuerdos, sin
injerencia del p�blico.
El AMI cuenta con el potente apoyo de las instituciones financieras e
industriales que han estado �ntimamente implicadas en su planeamiento desde
el principio: por ejemplo, el Consejo sobre Finanzas Internacionales de
Estados Unidos, el cual, en sus propias palabras, �promueve todos los
intereses econ�micos norteamericanos tanto en el interior como en el
extranjero�.
�
En enero de 1996, el Consejo incluso public� una gu�a del
Acuerdo Multilateral sobre inversiones, accesible a su electorado del mundo
de los negocios y c�rculos pr�ximos, y seguramente a los medios de
comunicaci�n. Incluso antes de que la V�a R�pida se llevara al Congreso, el
Consejo solicit� a la administraci�n Clinton que incluyera el AMI en la
legislaci�n a tramitar de inmediato, informaba el Miami Herald en julio de
1997, lo que parece ser la primera menci�n del AMI en la prensa y una
menci�n excepcional; volveremos sobre los detalles.(4)
�Por qu� entonces el silencio durante la controversia de la V�a R�pida sobre
todo lo relativo al AMI?
�
Una raz�n plausible viene a la cabeza. Pocos
dirigentes pol�ticos y de los medios de comunicaci�n dudan de que el p�blico,
si era informado, se hubiera mostrado poco entusiasta del AMI. Los
opositores podr�an haber blandido, una vez m�s, su �arma decisiva�, caso de
haberse filtrado los datos.
�
S�lo era sensato, pues, llevar a cabo las
negociaciones del AMI bajo un �velo de secreto�, tomando la expresi�n usada
por el presidente del Tribunal Supremo de Australia, sir Anthony Mason, al
condenar la decisi�n de su gobierno de impedir la inspecci�n p�blica de las
negociaciones sobre �un acuerdo que podr�a tener gran impacto en Australia
si lo ratificamos�.(5)
Ninguna voz semejante se oy� por aqu�. Habr�a sido superflua: el velo del
secreto se defendi� con mucha mayor vigilancia en nuestras instituciones
libres.
Dentro de Estados Unidos pocos saben algo sobre el AMI, que ha sido objeto
de intensas negociaciones en la OCDE desde mayo de 1995. La fecha
originalmente fijada para concluirlo era mayo de 1997. De haberse alcanzado
el objetivo, el p�blico habr�a sabido tanto sobre el AMI como sabe sobre la
Ley de Telecomunicaciones de 1996, otro gran regalo p�blico al poder privado
concentrado, que se mantuvo en gran parte reducido a las p�ginas econ�micas.
Pero los pa�ses de la OCDE no se pusieron de acuerdo sobre las previsiones y
hubo que retrasar un a�o la fecha fijada.
El plan original y preferencial consist�a en forjar el tratado dentro de la
Organizaci�n Mundial del Comercio. Pero el prop�sito fue bloqueado por los
pa�ses tercermundistas, sobre todo por la India y Malasia, que reconocieron
que las medidas que se estaban redactando los habr�an privado de los
instrumentos que hab�an utilizado los pa�ses ricos para fortalecer su
posici�n.
�
Las negociaciones se trasladaron entonces a los cuarteles
generales m�s seguros de la OCDE, donde se esperaba alcanzar un acuerdo al
que �querr�an sumarse los pa�ses emergentes�, seg�n delicada f�rmula del Economist de Londres,(6) so pena de verse privados de los mercados y los
recursos de los ricos, lo que habitualmente significa la �libertad de
elecci�n� en los sistemas con inmensas desigualdades de poder y riqueza.
Durante casi tres a�os se mantuvo a la vil plebe en la bendita ignorancia de
lo que estaba ocurriendo. Pero no por completo. En el tercer mundo se hab�a
convertido en un tema candente a principios de 1997.(7) En Australia, la
noticia salt� a las p�ginas econ�micas en enero de 1998, dando pie a un
frenes� de informaciones y controversias en la prensa nacional, de ah� la
condena de sir Anthony al dirigirse a una convenci�n en Melbourne.
�
El
partido de la oposici�n �urgi� al gobierno a remitir el acuerdo al comit�
parlamentario sobre tratados antes de firmarlo�, seg�n la prensa. El
gobierno se neg� a proporcionar al Parlamento una informaci�n detallada y a
permitir el examen parlamentario.
�
Nuestra �posici�n sobre el AMI es muy
clara�, respondi� el gobierno:
�No firmaremos nada a no ser que sea
demostrablemente beneficioso para el inter�s nacional de Australia�.
En suma:
�Haremos lo que nos d� la gana�; o dicho con mayor exactitud, lo que nos
digan nuestros se�ores; y siguiendo el habitual procedimiento, el �inter�s
nacional� lo definir�an los centros de poder, a puerta cerrada.
Bajo la presi�n, el gobierno acept� unos d�as despu�s que un comit�
parlamentario examinara el AMI. Los editorialistas sancionaron de mala gana
la decisi�n: era necesaria para responder a la,
�histeria xen�foba� de los �alarmistas�
y a la �imp�a alianza de los grupos de ayuda, los sindicatos, los
ecologistas y los extravagantes te�ricos de la conspiraci�n�.
Advert�an, no
obstante, que despu�s de esta desafortunada concesi�n es �de vital
importancia que el gobierno no retroceda ni un paso m�s en su firme
compromiso� con el AMI.
�
El gobierno neg� la acusaci�n de actuar en secreto,
se�alando que estaba disponible en Internet un borrador del tratado; gracias
a los grupos activistas que lo colocaron all�, una vez que les lleg� por
filtraciones.(8)
Podemos reconfortarnos: �la democracia florece en Australia, de todos modos!
En Canad�, que est� ahora afrontando una forma de incorporaci�n a Estados
Unidos acelerada por el �libre comercio�, la �imp�a alianza� tuvo mucho
mayor �xito. Durante a�os el tratado se hab�a discutido en los principales
diarios y semanarios de informaci�n, en las horas punta de la televisi�n
nacional y en reuniones p�blicas.
�
La provincia de la Columbia Brit�nica
anunci� en la C�mara de los Comunes que era �firmemente contraria� al
tratado propuesto, se�alando las �inaceptables restricciones� que impon�a a
los gobiernos electos en los planos federal, provincial y local; su
perjudicial impacto en los programas sociales (atenci�n sanitaria, etc.),
as� como en la protecci�n del medio ambiente y en la administraci�n de los
recursos; la desusada amplitud con que se defin�a �inversi�n�; y otros
ataques contra la democracia y los derechos humanos.
�
El gobierno de la
provincia se opon�a en especial a las disposiciones que permit�an a las
corporaciones litigar contra los gobiernos, a la vez que quedaban exentas de
cualesquiera obligaciones, y a que se resolvieran sus acusaciones ante �comisiones
de arbitraje no elegidos ni responsables ante nadie�, que se compondr�an de
�expertos en comercio� y actuar�an sin normas probatorias ni transparencia,
y sin posibilidad de apelaci�n.
Al haber sido desgarrado el velo del secreto por las escandaleras
procedentes de abajo, el gobierno canadiense tuvo necesidad de asegurar al
p�blico que la desinformaci�n se ejerc�a por su bien.
�
De la tarea se ocup�,
en un debate televisado a escala nacional por la CBC, el ministro federal
canadiense de Comercio Internacional, Sergio Marchi:
�l �quer�a pensar que
la gente se sent�a tranquilizada�, dijo, por la �honradez que yo creo que
transmite nuestro primer ministro� y �el amor que tiene por Canad�.
Lo cual deb�a resolver el contencioso. De modo que la democracia tambi�n
tiene buena salud al norte de la frontera.
Seg�n la CBC, el gobierno canadiense � lo mismo que el australiano � �no
tiene en este momento planes para ninguna legislaci�n sobre el AMI� y �el
ministro de Comercio dijo que tal vez no fuera necesaria�, puesto que el AMI
no es m�s que una ampliaci�n del TLC.(9)
El tema se ha discutido en los medios de comunicaci�n nacionales de
Inglaterra y Francia, pero yo no s� si all�, o en cualquier otro lugar del
mundo libre, se consider� necesario asegurar al p�blico que c�mo mejor
cuidan sus intereses es teniendo fe en los dirigentes que �los aman�, �rezuman
honradez� y defienden inamoviblemente �el inter�s nacional�.
No es demasiado sorprendente que la historia haya seguido un curso �nico en
el estado m�s poderoso del mundo, donde los �hombres de la mejor calidad� se
declaran campeones de la libertad, la justicia, los derechos humanos y �
sobre todo � la democracia. Seguramente quienes dirigen los medios de
comunicaci�n han estado en todo momento informados sobre el AMI y sus
importantes consecuencias, al igual que los intelectuales p�blicos y los
expertos reconocidos.
�
Como ya hemos hecho notar, el mundo de los negocios
estaba al tanto a la vez que participaba activamente. Pero en la m�s
impresionante demostraci�n de autodisciplina, con salvedades que se
confunden con el error estad�stico, la prensa libre ha logrado mantener a
oscuras a quienes conf�an en ella; una tarea nada sencilla en un mundo tan
complejo.
El mundo empresarial apoy� de forma abrumadora el AMI. Aunque el silencio
impide demostrarlo con citas, es razonable barruntar que los sectores del
mundo empresarial dedicados a ilustrar al p�blico no fueron menos
entusiastas. Pero, una vez m�s, entienden que podr�a desenvainarse el �arma
decisiva� si la vil plebe se huele lo que se est� haciendo. El dilema tiene
una soluci�n l�gica.
�
Llevamos ya casi tres a�os observ�ndola.
Electorados respetables y no respetables
Los defensores del AMI tienen un argumento de peso: los cr�ticos carecen de
informaci�n para plantear las cosas de manera convincente. El prop�sito del
�velo de secreto� ha sido el de garantizar el resultado y el empe�o ha
tenido un cierto �xito.
�
Esto es m�s espectacular en Estados Unidos, que
disfruta de las instituciones democr�ticas m�s estables y m�s antiguas del
mundo y puede alegar con todo derecho ser el modelo de democracia con
capitalismo de estado. Dada la experiencia y el estatus, no es sorprendente
que los principios de la democracia se comprendan con claridad en Estados
Unidos y se expongan l�cidamente en las altas esferas.
�
Por ejemplo, el
distinguido cient�fico Samuel Huntington, en su texto American Politics,
observa que el poder debe ser invisible si quiere ser eficaz.
�Los
arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que se deje
sentir pero no ver. El poder se mantiene fuerte cuando se mantiene en la
oscuridad; expuesto a la luz del sol comienza a evaporarse.�
Ilustr� esta
tesis en el mismo a�o (1981) mientras explicaba la funci�n de la �amenaza
sovi�tica�:
�Es posible que haya que vender [la intervenci�n u otra acci�n
militar] de tal modo que se cree la falsa impresi�n de que se est� luchando
contra la Uni�n Sovi�tica. Es lo que Estados Unidos viene haciendo desde la
doctrina Truman�.(10)
Dentro de estos l�mites � �creando la falsa impresi�n� para enga�ar al
p�blico y dejarlo literalmente excluido � deben ejercer su pericia los
l�deres responsables en las sociedades democr�ticas.
No obstante, no ser�a justo acusar a las potencias de la OCDE de llevar las
negociaciones en secreto. Despu�s de todo, los activistas lograron poner una
versi�n del borrador en Internet, luego de haberla conseguido de manera
ilegal. Los lectores de �prensa alternativa� y de peri�dicos del tercer
mundo y los que est�n infectados por la �imp�a alianza� han estado al
corriente de los acontecimientos desde principios de 1997, por lo menos.
�
Y
desde la corriente principal, nada hay que oponer a participar directamente
en una organizaci�n que �vela por los intereses mundiales de las finanzas
norteamericanas� y sus contrapartidas en otros pa�ses ricos.
Pero hay unos cuantos sectores que de alguna manera no han sido tenidos en
cuenta: el Congreso estadounidense, por ejemplo. El pasado noviembre,
veinticinco representantes de la C�mara enviaron una carta al presidente
Clinton exponi�ndole que hab�an �llamado su atenci�n� las negociaciones del
AMI, presumiblemente gracias a los esfuerzos de los activistas y otros
grupos interesados por las cuestiones p�blicas.(11)
�
Ped�an al presidente que
respondiera a tres sencillas preguntas.
-
Primera:
�Dados los recientes alegatos de la administraci�n de que no puede
negociar acuerdos complicados, multisectoriales y multilaterales sin las
facultades de la v�a r�pida, �c�mo es que casi se ha completado el AMI�, con
un texto �tan complicado como el del TLC o el GATT� y con estipulaciones que
�requerir�an sustanciales limitaciones de las leyes y los principios
norteamericanos referentes a la normativa federal, estatal y local sobre
inversiones?�.
�
-
Segunda:
��C�mo se ha estado negociando este acuerdo, desde mayo de 1995,
sin ninguna consulta ni vigilancia del Congreso, teniendo en cuenta,
especialmente, la autoridad constitucionalmente exclusiva que tiene el
Congreso para regular el comercio internacional?�.
�
-
Tercera:
�El AMI es muy prolijo sobre las intervenciones, lo que permitir�a
a un inversor o empresa extranjera pleitear directamente contra el estado
estadounidense por perjuicios si adopt�ramos alguna medida que restringiera
el "disfrute" de una inversi�n. Estas formulaciones son burdas y vagas y van
notoriamente m�s all� del limitado concepto de intervenci�n que determina la
legislaci�n interior norteamericana. �Por qu� habr�a de ceder
voluntariamente Estados Unidos su inmunidad soberana y exponerse a ser
condenado a pagar perjuicios en nombre de vaguedades como las que hablan de
tomar medidas "con efectos equivalentes" a una expropiaci�n "indirecta"?�.
En el punto tres, los signatarios tal vez estuvieran pensando en el pleito
de la Ethyl Corporation � famosa por producir gasolina con plomo � contra
Canad�, en el que solicita 250 millones de d�lares para cubrir las p�rdidas
derivadas de la �expropiaci�n� y los perjuicios sufridos por el �buen
nombre� de la Ethyl a consecuencia de que la legislaci�n canadiense prohibi�
el MMT, un aditivo de la gasolina.
�
Canad� considera que el MMT es una toxina
perjudicial y un riesgo significativo para la salud, en concordancia con la
Agencia norteamericana de Protecci�n del Medio Ambiente, que restringi�
tajantemente su uso, y con el estado de California, que lo ha prohibido por
completo.
�
La querella tambi�n solicita da�os y perjuicios por el �efecto
disuasorio� de la ley canadiense, que ha hecho que Nueva Zelanda y otros
pa�ses revisen el uso del MMT, acusa la Ethyl. Pero quiz� los firmantes
estuvieran pensando en la querella contra M�xico de la empresa
norteamericana Metalclad, dedicada a la manipulaci�n de residuos peligrosos,
que reclama 90 millones de d�lares por los perjuicios de una �expropiaci�n�
debida a que se incluy� dentro de una zona ecol�gica protegida un
emplazamiento previsto para los residuos peligrosos.(12)
Estos pleitos se est�n llevando adelante dentro de las normas del TLC, que
permiten a las corporaciones querellarse contra los estados, otorg�ndoles de
hecho los derechos de un estado nacional (no de simples personas, como
antes). La presumible intenci�n es sondear y, si es posible, expandir los
(vagos) l�mites de estas normas.
�
En parte son s�lo intimidatorias, un
instrumento reconocido y a menudo eficaz a disposici�n de aquellos con
posibles para conseguir lo que quieren mediante amenazas legales que tal vez
sean del todo fr�volas.(13)
�Teniendo el cuenta la enormidad de las potenciales consecuencias del AMI�,
conclu�a la carta de los congresistas al presidente, �aguardamos
ansiosamente sus respuestas a las preguntas�.
Una respuesta lleg� finalmente
a los firmantes y no dec�a nada. Los medios de comunicaci�n estuvieron
informados sobre todo esto, pero no s� que le hayan dado ninguna
cobertura.(14)
Otro colectivo que ha sido menospreciado, junto con el Congreso, es la
poblaci�n. Aparte de la prensa econ�mica, no hubo, que yo sepa, ninguna
atenci�n por parte de la prensa de gran difusi�n hasta mediados de 1997, y
pr�cticamente no ha habido ninguna desde entonces. Como ya se ha mencionado,
el Miami Herald daba cuenta del AMI en julio de 1997, se�alando el
entusiasmo y la participaci�n directa del mundo de los negocios.
�
El Chicago Tribune public� una informaci�n en diciembre, observando que el asunto �no
hab�a sido objeto de ninguna atenci�n p�blica ni de debate pol�tico�, salvo
en Canad�.
�
En Estados Unidos, �esta oscuridad parece deliberada�, denuncia
el Tribune.
�Fuentes gubernamentales dicen que la
administraci�n ... no est� interesada en promover m�s debates sobre la
econom�a global.�
A la luz del �nimo del p�blico, el secreto es la
mejor pol�tica y se conf�a en la
connivencia del sistema de informaci�n.
El Newspaper of Record rompi� su silencio pocos meses despu�s, publicando un
anuncio pagado por el International Forum on Globalization, que se opon�a al
tratado.
�
El anuncio cita un titular del Business Week que describe el AMI
como,
�el explosivo pacto comercial del que nunca se ha sabido nada�.
�
�El
acuerdo ... reescribir�a la normativa sobre la propiedad extranjera:
afectar�a a todo, desde las f�bricas hasta los bienes ra�ces e incluso a los
valores financieros. Pero muchos legisladores nunca han sabido nada del
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones debido a que las conversaciones
secretas del presidente Clinton se han celebrado a cubierto del radar del
Congreso�, y los medios de informaci�n se han atenido al programa de la Casa
Blanca.
�Por qu�?, pregunta el Foro Internacional, respondiendo
impl�citamente con un repaso a las principales caracter�sticas del tratado.
Pocos d�as despu�s (el 16 de febrero de 1998), la Morning Edition de
Newspaper of Record presentaba un fragmento del AMI. Una semana despu�s,
el Christian Science Monitor publicaba un fragmento (bastante magro). El
New
Republic ya se hab�a dado por enterado de que estaba surgiendo inter�s
p�blico por el AMI.
�
El tema no hab�a sido adecuadamente cubierto en sectores
respetables, llegaba a la conclusi�n el New Republic, porque �la gran
prensa�, bien que por regla general se inclina hacia la izquierda, a�n se
inclina mucho m�s hacia el internacionalismo. De ah� que los izquierdistas
de la prensa no hubieran sabido percibir la oposici�n p�blica a la V�a
R�pida en su momento ni se habr�an dado cuenta de que los mismos
alborotadores �est�n ya arm�ndose [para] la batalla� contra el AMI.
�
La
prensa deb�a hacer frente a sus responsabilidades con m�s seriedad y lanzar
un golpe preventivo contra la �paranoia del AMI�, que ha ido �rebotando a
trav�s de Internet� e incluso dando lugar a conferencias p�blicas.
�
Tal vez
no fuera suficiente ridiculizarlos con aquello de �la tierra arrasada y el
enjambre de helic�pteros negros�. El silencio tal vez tampoco fuese la
actitud m�s acertada para que los pa�ses ricos pudieran �sellar la
liberalizaci�n del derecho internacional sobre inversiones lo mismo que el
GATT hab�a codificado la liberalizaci�n del comercio�.
El 1 de abril de 1998, el Washington Post dio al p�blico nacional la noticia
en un art�culo de opini�n escrito por Fred Hiatt, editorialista de
plantilla.
�
Ofrece la habitual mofa de los cr�ticos y de las acusaciones de
�secretismo�; al fin y al cabo, el texto hab�a sido puesto (il�citamente) en
la Web por activistas. Como otros que naufragan en este plano apolog�tica,
no sacaba las evidentes conclusiones: que los medios de comunicaci�n deb�an
abandonar graciosamente la escena. Cualquier dato significativo que manejen
pod�a ser descubierto por la gente normal que buscara con diligencia y
quedan declarados irrelevantes los an�lisis, comentarios y debates.
Hiatt escribe que el �AMI no ha merecido todav�a demasiada atenci�n en
Washington� � especialmente en su peri�dico � un a�o despu�s de haber
superado la primera fecha en que deb�a firmarse y tres semanas antes de la
fecha prevista para 1998.
�
Limita su perspectiva a los pocos y vacuos
comentarios oficiales, presentados como hechos indiscutibles, y a�ade que el
gobierno ha,
�aprendido de la v�a r�pida que debe hacer consultas cuando
todav�a se est�n elaborando los tratados, y sobre todo antes: con los
sindicatos, con las autoridades locales, con los ecologistas y dem�s�.
Tal y
como hemos podido ver.(15)
Quiz� como reacci�n a la carta de los congresistas, o a la salida a la luz
de los chiflados, Washington hizo una declaraci�n oficial sobre el AMI el 17
de febrero de 1998. La declaraci�n del subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, y del vice-representante para el Comercio de Estados Unidos,
Jeffrey Lang, pas� completamente inadvertida para los informadores, que yo
sepa. La declaraci�n es una rutinaria nota de prensa, pero merece los
titulares de primera p�gina en comparaci�n a lo que se hab�a publicado antes
(nada, en esencia).
�
Las virtudes del AMI se consideran evidentes; no hay
descripci�n ni se ofrecen argumentos. En cuestiones como la mano de obra y
el medio ambiente, �intervenciones�, etc�tera, el mensaje es el mismo que el
emitido por los gobiernos de Canad� y Australia:
�Conf�en en nosotros y
callen�.
De mayor inter�s es la buena noticia de que Estados Unidos se ha adelantado
dentro de la OCDE a asegurarse de que el acuerdo �complementa nuestros
esfuerzos m�s generales�, de momento desconocidos, �en favor del desarrollo
sostenido y del mayor respeto a las normas laborales�.
�
Eizenstat y Lang �se
felicitan de que las dem�s partes est�n de acuerdo con nosotros� en estos
temas. Adem�s, ahora los otros pa�ses de la OCDE �est�n de acuerdo con
nosotros en la importancia de trabajar en estrecha colaboraci�n con sus
electorados nacionales para crear el consenso� sobre el AMI.
�
Est�n con
nosotros en entender �que la participaci�n en este proceso es importante
para los electorados nacionales�.
�En inter�s de la mayor transparencia�, a�ade la declaraci�n oficial, �la
OCDE ha acordado hacer p�blico el texto del borrador del acuerdo�, quiz�s
incluso antes de que se agoten los plazos.(16)
Aqu� tenemos, por fin, un sonoro tributo a la democracia y a los derechos
humanos. La administraci�n Clinton est� encauzando el mundo, proclama, de
modo que los �electorados nacionales� desempe�en un papel activo en la
�creaci�n del consenso� sobre el AMI.
�Qui�nes son los �electorados nacionales�?
�
La pregunta se contesta
f�cilmente echando un vistazo a los datos indiscutidos. El mundo financiero
ha desempe�ado un papel activo en todo momento. El Congreso no fue informado
y el enojoso p�blico � el �arma decisiva� � se mantuvo en la ignorancia. Un
ejercicio directo de l�gica elemental nos informa con exactitud de qui�nes
entiende Clinton que son los �electorados nacionales�.
Es una lecci�n �til. Rara vez se formulan con tanto candor y precisi�n los
valores operativos de los poderosos. Para ser justos, no constituyen un
monopolio de Estados Unidos. Estos valores los comparten los centros de
poder estatales y privados de otras democracias parlamentarias, y sus
contrapartidas en las sociedades donde no hay necesidad de entregarse a
florilegios ret�ricos sobre la �democracia�.
Las lecciones est�n claras como el agua. Habr�a que tener verdadero talento
para perd�rselas y para no ver cu�n bien ilustran las advertencias de
Madison hace 200 a�os, cuando deploraba,
�la osada depravaci�n de los
tiempos� en que �los agiotistas se convertir�n en la guardia pretoriana del
gobierno, a la vez sus instrumentos y su tirano, sobornados por su
liberalidad e intimid�ndolo con clamores y alianzas�.
Estas observaciones llegan al meollo del AMI.
�
Como buena parte de la
pol�tica p�blica de los �ltimos a�os, especialmente en las sociedades
angloamericanas, el tratado est� dise�ado para recortar la democracia y los
derechos de los ciudadanos, transfiriendo a�n m�s poderes para tomar
decisiones a las instituciones privadas que no rinden cuentas a nadie, a los
gobiernos de los que estas instituciones son sus �electorados nacionales� y
a las organizaciones internacionales con las que comparten �intereses
comunes�.
Los t�rminos del AMI
�,Qu� dicen en realidad y qu� presagian los t�rminos del AMI? Si se permite
que lleguen a la arena p�blica con puntos y comas, �,qu� descubriremos?
Puede que no haya una respuesta categ�rica a estas preguntas. Incluso si
dispusi�ramos del texto completo del AMI, de la detallada lista de las
reservas introducidas por los signatarios y de la documentaci�n palabra por
palabra de las actas, no tendr�amos las respuestas. La raz�n es que las
respuestas no vienen determinadas por las palabras sino por las relaciones
de poder que impone su interpretaci�n. Hace dos siglos, en la que en su d�a
era la democracia dominante, Oliver Goldsmith observ� que las �leyes
machacan a los pobres y los ricos hacen la ley�; es decir, la ley que act�a,
digan lo que digan las bellas palabras. El principio sigue siendo
v�lido.(17)
Se trata, de nuevo, de perogrulladas que valen para todo. En la Constituci�n
de Estados Unidos y en sus enmiendas no se encuentra nada que autorice a
otorgar derechos humanos (libertad de expresi�n y de movimiento, derecho a
comprar elecciones, etc.) a lo que los historiadores del derecho denominan
�entidades jur�dicas colectivas�, entidades org�nicas que tienen derechos de
�personas inmortales�, derechos que superan con mucho los de las personas de
verdad, si tenemos en cuenta el poder de estas entidades, y derechos a los
que ahora se van a sumar los propios de los estados, como hemos visto.
�
En
vano se buscar� en la Carta de la ONU el fundamento de la autoridad que se
irroga Washington cuando utiliza la fuerza y la violencia para perseguir el
�inter�s nacional�, seg�n lo definen las personas inmortales que proyectan
sobre la sociedad esa sombra llamada �la pol�tica�, en evocativa expresi�n
de John Dewey.
�
El C�digo estadounidense define el �terrorismo� con gran
claridad y la ley norteamericana establece severos castigos por ese delito.
Pero no se encontrar� ninguna f�rmula que excluya a �los arquitectos del
poder� de ser castigados por sus pr�cticas de terrorismo estatal, por no
hablar de sus monstruosos clientes (mientras �stos gozan del favor de
Washington).
�
Suharto, Saddam Hussein, Mobutu, Noriega y otros mayores y
menores. Como se�alan a�o tras a�o las principales organizaciones defensoras
de los derechos humanos, pr�cticamente toda la ayuda exterior estadounidense
es ilegal, desde la de los primeros recipendarios hasta la del �ltimo de la
lista, porque la ley proh�be ayudar a pa�ses que practiquen la �tortura
sistem�tica�.
�
Esa puede que sea la ley, pero �es eso lo que significa la
ley?
El AMI cae dentro de la misma categor�a. El an�lisis correcto ser�a ponerse
en el �peor de los casos�, si �el poder se mantiene en la oscuridad� y los
abogados de las corporaciones, que son amanuenses a sueldo, logran imponer
su interpretaci�n de la fraseolog�a queridamente ambigua y retorcida del
borrador del tratado.
�
Hay interpretaciones menos agoreras, que tal vez sean
las correctas si no es posible contener el �arma decisiva� y los
procedimientos democr�ticos influyen en los resultados. Entre los posibles
resultados, uno ser�a el desmantelamiento de toda la estructura y de las
instituciones ileg�timas en que se apoya. Son asuntos que piden organizaci�n
y acci�n popular, no palabras.
Aqu� se podr�an plantear cr�ticas a algunos de los cr�ticos del AMl
(incluido yo). El texto desglosa los derechos de los �inversores�, no los de
los ciudadanos, cuyos derechos quedan consiguientemente disminuidos. Los
cr�ticos se han puesto de acuerdo en calificarlo de �acuerdo sobre los
derechos de los inversores�, lo cual es bastante cierto, pero es enga�oso.
�
�Qui�nes son exactamente los �inversores�?
"La mitad de las acciones era en 1997 propiedad del 1% de las familias
m�s ricas y casi el 90% era del 10% de las m�s ricas (la
concentraci�n es a�n mayor en el caso de las obligaciones y los fondos de
inversi�n, similar en otros valores); al agregar los planes de pensiones
s�lo se produce una distribuci�n ligeramente m�s uniforme entre el 20% de familias m�s ricas.
�
Es comprensible el entusiasmo por la radical
inflaci�n de valores en los �ltimos a�os. Y el control efectivo de las
corporaciones radica en muy pocas manos institucionales y personales, con el
respaldo de la ley, luego de un siglo de activismo judicial."
Hablar de �inversores� no debe hacer pensar en quienes trabajan en los
talleres de las f�bricas, sino en la Caterpillar Corporation, que acaba de
conseguir romper una importante huelga bas�ndose en la tan alabada inversi�n
extranjera: utilizando el notable crecimiento de los beneficios que comparte
con otros �electorados nacionales� para crear un exceso de capacidad
productiva en el extranjero que socave los esfuerzos de los trabajadores de
Illinois para resistir la erosi�n de sus sueldos y condiciones de trabajo.
�
Estas derivaciones son resultado en no peque�a medida de la liberalizaci�n
financiera de los �ltimos veinticinco a�os, que va a ser ampliada con el
AMI; tambi�n merece la pena anotar que esta era de liberalizaci�n financiera
ha sido de un crecimiento m�s lento de lo normal (incluyendo el actual boom,
la recuperaci�n m�s pobre de la historia de la posguerra): salarios bajos,
beneficios altos y, dicho sea de paso, restricciones comerciales impuestas
por los ricos.
Ser�a mejor calificar al AMI y similares empe�os de �acuerdos sobre derechos
de las corporaciones� en vez de �acuerdos sobre derechos de los inversores�.
Los �inversores� relevantes son personas jur�dicas colectivas, no personas
tal como se entend�a por sentido com�n y por tradici�n en los tiempos
anteriores a que el activismo jur�dico creara el moderno poder concentrado
de las corporaciones. Lo que conduce a otra cr�tica. Los contrar�as al AMI
suelen alegar que los acuerdos conceden demasiados derechos a las
corporaciones.
�
Pero hablar de conceder demasiados derechos al rey o al
dictador, o al propietario de esclavos, es ceder demasiado terreno. M�s bien
que �acuerdos sobre los derechos de las corporaciones�, estas medidas
podr�an calificarse, con mayor exactitud, de �acuerdos sobre los poderes de
las corporaciones�, dado que en absoluto est� claro que estas instituciones
hayan de tener ninguna clase de derechos.
Cuando tuvo lugar la concentraci�n empresarial y financiera en las
sociedades con capitalismo de estado, hace un siglo, en parte como reacci�n
a los gigantescos fracasos del mercado, los conservadores � una ralea que
actualmente apenas existe � se opusieron a este ataque contra los principios
fundamentales del liberalismo cl�sico. Y con raz�n.
�
Cabe recordar la cr�tica
de Adam Smith a las �sociedades an�nimas� de su �poca, especialmente al
conceder cierta independencia a los gestores, y su actitud respecto a la
inherente corrupci�n del poder privado: probablemente hay una �conspiraci�n
contra el p�blico� cuando los hombres de negocios se re�nen a almorzar, en
su �cida opini�n, dejando aparte cuando constituyen personas jur�dicas
colectivas y alianzas entre ellos, con derechos extraordinarios que respalda
y ampl�a el poder del estado.
Teniendo presentes estas salvedades, recordemos algunos de los previstos
rasgos del AMI, bas�ndonos en la informaci�n que ha llegado al p�blico
interesado gracias a la �imp�a alianza.
Se otorga a los �inversores� el derecho de mover libremente sus bienes, lo
mismo las instalaciones industriales que los valores financieros, sin
�interferencias estatales� (lo que significa la voz, del p�blico). Por
procedimientos trapaceros consabidos en el mundo de los negocios y entre los
abogados de las corporaciones, los derechos garantizan tambi�n a los
inversores extranjeros la f�cil transferencia a inversores nacionales.
�
Entre las opciones democr�ticas que podr�an
desecharse se cuentan las que reclaman que la propiedad sea local, compartir
la tecnolog�a, direcci�n local, control de las corporaciones, normativa
sobre salarios dignos, derechos preferenciales (para las zonas deprimidas,
las minor�as, las mujeres, etc.), medidas para la protecci�n de la mano de
obra, del consumidor y del medio ambiente, restricci�n de los productos
peligrosos, apoyo a las industrias
emergentes y estrat�gicas, reforma agraria, inspecci�n a cargo de la
comunidad local y de los trabajadores (es decir, los fundamentos de la
aut�ntica democracia), actividades sindicales (que podr�an interpretarse
como amenazas ilegales contra el orden), etc.
Se permite a los �inversores� que pleiteen contra los estados en todos los
�mbitos por infringir los derechos que se les han concedido. No hay
reciprocidad: ni los ciudadanos ni los estados pueden pleitear contra los
�inversores�. Los pleitos de Ethyl y Metalclad son iniciativas de tanteo.
No se admiten restricciones a las inversiones en pa�ses que violan los
derechos humanos: Sud�frica en los d�as del �compromiso constructivo�, la
Birmania actual. Hay que entender, desde luego, que los grandes no se ver�an
afectados por tales limitaciones. Los poderosos est�n por encima de tratados
y leyes.
Se han prohibido las limitaciones a la circulaci�n de capitales: por
ejemplo, las condiciones impuestas por Chile para disuadir la entrada de
capitales a corto plazo, que en general se reconoce que de alguna manera
aislaron a Chile del impacto destructivo de los mercados financieros
sumamente vol�tiles y sometidos a impredecibles irracionalidades gregarias.
�
O bien medidas de mucho mayor alcance, que bien podr�an invertir las
delet�reas consecuencias de liberar la circulaci�n de capitales. Durante
a�os han estado sobre la mesa serias propuestas para alcanzar estos
objetivos, pero nunca hab�an llegado al orden del d�a de los �arquitectos
del poder�. Bien es posible que la econom�a resulte perjudicada por la
liberalizaci�n financiera, como parecen indicar los datos. Pero este
perjuicio tiene poca importancia en comparaci�n con las ventajas derivadas
de liberar la circulaci�n de capitales durante un cuarto de siglo, iniciada
principalmente por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Breta�a. Estas
ventajas son sustanciales.
�
La liberalizaci�n financiera colabora a la
concentraci�n de la riqueza y proporciona poderosas armas para socavar los
programas sociales. Ayuda a poner en pr�ctica la �contenci�n significativa
de los salarios� y la �at�pica moderaci�n con que crecen las remuneraciones
[que] parece ser sobre todo consecuencia de la mayor inseguridad de los
trabajadores�, que tanto satisfacen al presidente de la
Reserva Federal,
Alan Greenspan, y a la administraci�n Clinton, pues mantienen un �milagro
econ�mico� que despierta pasmo entre los beneficiarios y los ilusos
observadores, sobre todo en el extranjero.
Aqu� hay pocas sorpresas. Los dise�adores del sistema econ�mico posterior a
la Segunda Guerra Mundial abogaron por la libertad de comercio pero por la
regulaci�n del capital; este fue el entramado b�sico del sistema de Bretton
Woods de 1944, incluida la carta fundacional del FMI. Una de las razones fue
la expectativa (bastante plausible) de que la liberalizaci�n financiera
impedir�a la libertad de comercio.
�
Otra fue reconocer que ser�a una poderosa
arma contra la democracia y contra el estado del bienestar, que ten�a un
inmenso respaldo popular. La regulaci�n del capital permitir�a a los
gobiernos ejercer pol�ticas monetaria y fiscal, mantener el pleno empleo y
los programas sociales, sin temor a las fugas de capitales, se�al� Harry Dexter
White, negociador en nombre de Estados Unidos, con el acuerdo de su contrapartida brit�nica,
John Maynard Keynes.
�
La libre circulaci�n de
capitales, por el contrario, hubiera creado lo que ciertos economistas
internacionales llaman un �senado virtual�, en el que el muy concentrado
capital financiero impondr�a su propia pol�tica social por encima de las
poblaciones renuentes, castigando a los gobiernos que se desviaran mediante
fugas de capitales."
�
Los supuestos de Bretton Woods prevalecieron durante la
�edad dorada� de los altos niveles de crecimiento de la econom�a y la
productividad, en la que fue ampli�ndose el contrato social, a lo largo de
las d�cadas de 1950 y 1960. El sistema lo desmantel� Richard Nixon, con el
apoyo brit�nico y, m�s tarde, de otras grandes potencias. La nueva ortodoxia
fue institucionalizada en el �consenso de Washington�. Sus resultados fueron
bastante conformes a las expectativas de quienes crearon el sistema de
Bretton Woods.
El entusiasmo por los �milagros econ�micos� forjados por la nueva ortodoxia
est� menguando, no obstante, entre los gestores de la econom�a global,
conforme los casi desastres se han acelerado desde que la liberalizaci�n de
la circulaci�n de capitales ha comenzado a amenazar a los �electorados
nacionales� a la vez que a la poblaci�n en general.
�
El director financiero
del
Banco Mundial, Joseph Stiglitz, la redacci�n del
Financial Times de
Londres y otras personas pr�ximas a los centros de poder empezaron a pedir
medidas para regular la circulaci�n de capitales, siguiendo la orientaci�n
de bastiones de respetabilidad como el
Bank for International Settlements.
El Banco Mundial tambi�n ha dado un poco marcha atr�s. No s�lo se entiende
muy mal la econom�a global, sino que se est� haciendo dif�cil ignorar y
remendar sus serias debilidades. Es posible que haya cambios en direcciones
imprevisibles.(20)
Volviendo al AMI, los signatarios van a estar �sellados� durante veinte
a�os. Se trata de una �propuesta del gobierno de Estados Unidos�, seg�n el
portavoz de la C�mara Canadiense de Comercio, que al mismo tiempo es el
principal consejero para inversiones y comercio de la IBM Canada y ha sido
nombrado para representar a Canad� en debates p�blicos.(21)
El tratado lleva incorporado un efecto �trinquete�, una consecuencia de las
disposiciones sobre �detenci�n� y �reducci�n�. La �detenci�n� significa que
no se permite ninguna nueva legislaci�n que se interprete �no conforme� al
AMI. La �reducci�n� significa que se cuenta con que los estados eliminen la
legislaci�n vigente que se interprete �no conforme�. En todos los casos, la
interpretaci�n corre a cargo de ya-se-sabe-qui�n.
�
El objetivo es �sellar a
los pa�ses en� acuerdos que, con el tiempo, estrechar�n la esfera p�blica
cada vez m�s, transfiriendo poder a los �electorados nacionales� reconocidos
y a sus estructuras internacionales. Se incluyen en �stas una abundante
serie de alianzas entre corporaciones para administrar la producci�n y el
comercio, confiando a los estados poderosos que se encarguen de mantener el
sistema a la vez que socializan los costos y riesgos de las corporaciones
transnacionales radicadas en sus pa�ses; pr�cticamente todas las
transnacionales, seg�n recientes estudios t�cnicos.
La fecha fijada para firmar el AMI era el 27 de abril de 1998, pero al
acercarse el d�a fue haci�ndose evidente que probablemente habr�a demoras
debido a las crecientes protestas populares y a desacuerdos dentro del club.
�
Seg�n rumores filtrados de los �rganos del poder (sobre todo a la prensa
econ�mica extranjera), la Uni�n Europea y Estados Unidos pretenden permitir
ciertos derechos a los estados miembros, hay empe�o de Estados Unidos por
hacerse con algo as� como el inmenso mercado interior de que disfrutan las
corporaciones radicadas en su territorio, reservas de Francia y Canad� para
aceptar ciertos controles sobre su industria cultural (la amenaza es mucho
mayor para los pa�ses m�s peque�os) y objeciones europeas a las extremadas y
arrogantes interferencias estadounidenses en el mercado, como en el caso de
la ley Helms-Burton.
El Economist informa de otros problemas adicionales. Se est�n haciendo m�s
dif�ciles de obviar los temas laborales y ambientales, que �apenas figuraban
al principio�. Cada vez es m�s dif�cil ignorar a los paranoicos y a los de
la tierra arrasada, que �quieren que se consignen por escrito estrictas
normas sobre c�mo los inversores extranjeros tratar�n a los trabajadores y
proteger�n el medio ambiente�, y �sus fervientes ataques, difundidos a
trav�s de una red de p�ginas en Internet, han creado dudas a los
negociadores sobre c�mo seguir adelante�.
�
Una posibilidad ser�a prestar
atenci�n a los deseos del p�blico. Pero esta opci�n no se menciona: queda
excluida en principio, puesto que minar�a todo el proyecto.
Incluso si no se alcanza el punto final y se abandona el empe�o, eso no
demostrar�a que todo haya sido �en vano�, explica el Economist a sus
lectores.
�
Se han hecho progresos y, �con suerte, parte del AMl se convertir�
en un primer borrador para un acuerdo global de la OMC sobre inversiones�,
que los recalcitrantes �pa�ses en desarrollo� tal vez acepten de mejor
grado, luego de unos cuantos a�os de ser machacados por las irracionalidades
del mercado, la subsiguiente disciplina impuesta a las v�ctimas por los que
gobiernan el mundo y la creciente conciencia, entre elementos de las elites
locales, de que podr�n participar en los privilegios acumulados si ayudan a
diseminar las doctrinas de los poderosos, por muy fraudulentas que sean y
por mucho que afecten a otros. Hemos de esperar que �partes del AMI� se
recreen en otros lugares, quiz�s en el
FMI, que es convenientemente
secreto.(22)
Desde otro punto de vista, posteriores demoras han dado nuevas oportunidades
a la vil plebe para atravesar el velo del secreto.
Es importante que la poblaci�n en general descubra qu� es lo que se est�
planeando. Los esfuerzos de los gobiernos y de los medios de comunicaci�n
por mantenerlo todo a cubierto, excepto para sus �electorados nacionales�
oficialmente reconocidos, son sin duda comprensibles.
�
Pero estas barreras
han sido anteriormente superadas por la vigorosa acci�n p�blica y pueden
volver a superarse.
Notas
1. V�anse mis art�culos de la �poca en Z; para an�lisis, Noam Chomsky, World
Orders, Old and New, Columbia University Press, 1994; tambi�n los anteriores
cap�tulos 4 y 5. Glenn Burins, �Labor Fights Against Fast-Track Trade
Measure�, Wall Street Journal, 16 de septiembre de 1997.
2. Bob Davis, Wall Street Journal, 3 de octubre de 1997.
3. Bruce Clark, �Pentagon Strategists Cultivate Defense Ties with
Indonesia�, Financial Times, 23 de marzo de 1998. Sobre 1965, v�ase Noam
Chomsky, Year 501, South End, 1993, cap�tulo 4. Sobre JFK/Colombia, v�a-se
Michael McClintock, en Alexander George, ed., Western State Terrorism,
Polity, 1991, e Instruments Statecraft, Pantheon, 1992. Sobre Cuba: Nancy
Dunne, Financial Times, 24 de marzo de 1998.
4. Jane Bussey, �New Rules Could Guide International Investment�, Miami
Herald, 20 de julio de 1997.
5. Anthony Mason, �Are Our Sovereign Rights at Risk?�, The Age, 4 de marzo
de 1998.
6. Economist, 21 de marzo de 1998.
7. V�ase, m�s adelante, la nota 9.
8. Hay inconsistentes alegatos sobre una posterior accesibilidad. David
Forman, Australian, 14 de enero; Tim Colebatch, �Inquiry Call over "Veil of
Secrecy"�, Age, 4 de marzo de 1998; editoriales de Australian, 9 y 12 de
marzo de 1998; editorial de Age, 14 de marzo de 1998.
9. Laura Eggertson, �Treaty to Trim Ottawa�s Power�, Toronto Globe and Mail,
3 de abril de 1997; Macleans, 28 de abril y 1 de septiembre de 1997; CBC, 30
de octubre y 10 de diciembre de 1997. V�ase Monetary Reform (Shanty Bay,
Ontario, n." 7, invierno de 1997-1998. Sobre la OMC, v�ase Mart�n Khor
�Tra-de and Investment: Fighting over Investors� Rights at WTO�, Third World
Economics (Penang, 15 de febrero de 1997. Texto del borrador: OCDE,
Multilateral Agreement on Investment: Consolidated Texts and Commentary,
OLIS, 9 de enero de 1 997, DAFFE/MAI/97; Confidencial; disponible en
Preamble Center for Public Policy, 1737 21st. St. NW, Washington, D.C.
20009. Tambi�n se han citado borradores de fecha posterior, por ejemplo,
Mart�n Khor, Third World Economics, l � 1 5 de febrero de 1998, citando
OCDE, 1 de octubre de 1997. V�ase Scott Nova y Michelle Sforza-Roderick, de
Preamble, .<M.I.A. Culpa�, Nation, 13 de enero de 1997; hay m�s art�culos en
la prensa independiente (�alternativa�). Para m�s informaci�n, v�ase Maude
Barlow y Tony Clarke, MAI and the Threat to American Freedom, Nueva York,
Stoddart, 1998; International Forum of Globalization, 1555 Pacific Avenue,
San Francisco, CA 94109; Public Citizen's Global Trade Watch, 215
Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003; Preamble Center, People�s
Global Action ([email protected]).
10. Samuel Huntington, American Politics: The Promise of Disharmony,Harvard
University Press, 1981; citado por Sidney Plotkin y William Scheurmann,
Private Interests, Public Spending, South End, 1994, p. 223. Huntington,
�Vietnam Reappraised�, International Security, verano de 1981.
11. Carta de la C�mara sobre el AMI dirigida al presidente Clinton, 5 de
noviembre de 1997.
12. Laura Eggertson, �Ethyl Sues Ottawa over MMT Law�, G&M, 15 de abril de
1997; Third World Economics, 30 de junio de 1997; Briefing Paper: Ethyl
Corporation v. Government of Canada, Preamble Center for Public Policy, s.
f.; Joel Millman, Wall Street Journal, 14 de octubre de 1997. T�cnicamente
la nueva ley s�lo proh�be la importaci�n y el comercio interprovincial de
MMT, pero se trata de una eficaz prohibici�n, puesto que Ethyl s�lo produce
o vende MMT. M�s tarde Canad� capitul� y levant� la prohibici�n, no
queriendo afrontar un costoso pleito. John Urquhart, Wall Street Journal, 21
de julio de
1998. Canad� se enfrenta ahora a una nueva acusaci�n de �expropiaci�n�, esta
de la empresa norteamericana de tratamiento de residuos peligrosos S. D.
Myers, de nuevo al amparo de las normas del TLC, a prop�sito de la
prohibici�n canadiense de exportar los muy t�xicos PCBs. Scott Morrison y
Edward Alden, Financial Times, 2 de septiembre de 1998.
13. Un ejemplo actual es el pleito planteado por la cadena de residencias
para ancianos Beverly Enterprises contra la historiadora de la clase obrera,
Universidad de Comell, Kate Bronfenbrenner, quien testimoni� sobre las
pr�cticas de la cadena en un ayuntamiento, invitada por miembros de una
delegaci�n del Congreso de Pennsylvania, comunicaci�n personal, tambi�n
Steven Greenhouse, NYT, 1 de abril de 1998; Deidre McFadyen, In These Times,
5 de abril de 1998. Para Beverly, el fallo es en buena medida irrelevante,
puesto que las meras demandas perjudican seriamente a la profesora
Bronfenbrenner y a su universidad, y tal vez tengan efectos disuasorios en
otros investigadores e instituciones educativas.
14. Carta de la Casa Blanca, 20 de enero de 1998. Estoy en deuda con los
empleados del Congreso, en especial con la oficina del congresista Bemie
Sanders.
l5. Jane Bussey, �New Rules Could Guide International Investment�, Miami
Herald, 20 de julio de 1997; R. C. Longworth, �New Rules for Global
Economy�, Chicago Tribune, 4 de diciembre de 1997. V�ase tambi�n Jim Simon,
�Environmentalists Suspicious of Foreign-Investor-Right Plan�, Seattle
Times, 22 de noviembre de 1997; Lorrain Woellert, �Trade Storm Brews over
Corporate Rights�, Washington Times, 15 de diciembre de 1997. Business Week,
9 de febrero de 1998; NYT, 13 de febrero de 1998, anuncio pagado; NPR,
Morning Edition, 16 de febrero de 1998; Peter Ford, Christian Science
Monitor, 28 de febrero de 1998; Peter Beinart, New Republic, 15 de diciembre
de 1997; Fred Hiatt, Washington Post, 1 de abril de 1998.
16. �The Multilateral Agreement on lnvestment�, declaraci�n del
subsecretario de Estado Stuart Eizenstat y del vicerrepresentante para el
Comercio de Estados Unidos, Jeffrey Lang, 17 de febrero de 1998.
17. Oliver Goldsmith, �The Traveller� (1765).
l 8. Lawrence Mishel, Jared Bernstein y John Schmidt, The State of Working
America, 1996-97, Economic Policy Institute, M. E. Sharpe, 1997. Sobre los
antecedentes legales, v�ase especialmente Morton Horwitz, The Transformation
of American Law, l870-1960, Oxford University Press, 1992, cap�tulo 3.
l9. Eric Helleiner, States and Remergence of Global Finance, Cornell, 1994;
James Mahon, Mobile Capital and Lat�n American Development, Pennsylvania
State University, 1996.
20. Helleiner, op. cit., p. 190; editorial �Regulating Capital Flows�,
Financial Times, 25 de marzo de 1998; Joseph Stiglitz, el mismo d�a; The
State in a Changing World: World Development Renort 1997, Banco Mundial,
1997. Estas modificaciones han sido sistem�ticamente analizadas con gran
profundidad por el economista internacional David Felix, por �ltima vez en
su �Asia and the Crisis of Financial Liberalization�, en Dean Baker, Gerald
Eps-tein y Robert Pollin, eds., Globalization and Progressive Economic
Policy, Cambridge University Press, 1998.
21. Doug Gregory, St. Lawrence Center Forum, 18 de noviembre de 1997;
reeditado en Monetary Reform, n.� 7, invierno de 1997-1998.
22. V�ase Guy de Jonquieres, �Axe over Hopes for MAI Accord�, Fi-nancial
Times, 25 de marzo de 1998; Economist, 21 de marzo de 1998.
�