El nuevo Tratado de las Américas promueve los derechos ambientales
Los países latinoamericanos deben firmar el Acuerdo de Escazú para mostrar su compromiso con el desarrollo sostenible
Un nuevo tratado que profundiza el vínculo entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe tiene el potencial de reducir los conflictos que provocan los asesinatos de tantos defensores ambientales en la región.
La ceremonia de firma del Acuerdo de Escazú tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 27 de septiembre. Jefes de Estado y ministros de 15 países llegaron a la cita: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
Fue un momento altamente simbólico y significativo para los millones de personas de la región que sufren las consecuencias de la contaminación y la presión sobre los recursos naturales.
Estoy pensando en Isidro Baldenegro López, líder de los indígenas tarahumara en la región montañosa de Sierra Madre, en el norte de México. Este activista dedicó su vida a defender los bosques de la Sierra Tarahumara y las tierras que su pueblo había habitado durante siglos. Baldenegro fue asesinado a tiros en enero de 2017. O en el caso de Agustín Wachapá, un líder indígena shuar conocido por oponerse a los proyectos mineros en la Amazonía ecuatoriana. Este sufrió un duro proceso judicial de 17 meses después de haber sido acusado de incitar a la violencia tras un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 2016 con la policía sobre un proyecto minero, a pesar de que la fiscalía no presentó pruebas significativas para respaldar los cargos. O en el clima generalizado de miedo e impunidad que sienten los miembros de comunidades indígenas que se están organizando para defender sus bosques amazónicos en el estado de Maranhão, Brasil, y que enfrentan amenazas e intimidación de los madereros ilegales.
Los primeros pasos en el camino a Escazú —el lugar en Costa Rica donde 24 países de la región adoptaron el acuerdo el pasado 4 de marzo— se remontan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible - Río +20, en 2012. Allí, 10 países de la región, liderados por Chile y Costa Rica, iniciaron un proceso hacia un acuerdo regional sobre los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, los participantes proclamaron estos derechos ambientales como la piedra angular del desarrollo sostenible. En 1998, Europa incorporó esos derechos en su tratado, el Convenio de Aarhus.
La sociedad civil en estos países alberga grandes esperanzas de que un acuerdo vinculante
El Acuerdo de Escazú sigue el modelo de Aarhus. En esencia, Escazú establece estándares para la participación informada en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. El acuerdo garantiza el derecho del público a la información sobre cuestiones ambientales, mientras que al mismo tiempo garantiza su derecho a la participación informada en el proceso de aprobación ambiental de proyectos de inversión. El acuerdo también elimina los obstáculos a la justicia ambiental, incluida la exigencia de brindar apoyo a personas o grupos en situaciones vulnerables.
En ciertos aspectos, Escazú va más allá de Aarhus. Por ejemplo, reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano y requiere que todos los países participantes garanticen ese derecho en sus medidas para cumplir con el tratado. Como este derecho todavía no se ha reconocido a nivel global, Escazú puede ayudar a impulsar al resto del mundo a llenar ese vacío.
Como reacción al dramático aumento de los conflictos ambientales en la región, Escazú es también el primer tratado internacional que incluye protecciones específicas para los defensores ambientales. Tal como ha señalado Michel Forst, un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, las amenazas, agresiones y ataques letales contra los defensores del medio ambiente son a menudo el resultado directo de la explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta las demandas y preocupaciones legítimas de las comunidades locales.
Las medidas para proteger a los defensores ambientales son un paso en la dirección correcta, que ofrece esperanza a las personas y grupos que defienden el medio ambiente y sus comunidades, y que están bajo amenaza en la región.
El camino hacia Escazú estuvo marcado por más de cinco años de arduo trabajo después de Rio +20, caracterizado por un intenso diálogo entre los países y los grupos no gubernamentales de la región. Pocas negociaciones internacionales se abren así para permitir la participación en tiempo real del público y de esa manera enriquecer el debate con sus ideas y propuestas.
El diálogo y el esfuerzo dieron frutos. Las nuevas herramientas de Escazú para la cooperación internacional fortalecerán la capacidad de los países para alcanzar objetivos globales, como los objetivos de desarrollo sostenible de Río +20 y los compromisos sobre el cambio climático del Acuerdo de París.
Escazú es también el primer tratado internacional que incluye protecciones específicas para los defensores ambientales
Sin embargo, a pesar de sus beneficios, un tratado internacional no es una receta mágica. Los graves problemas ambientales y de derechos humanos de una región tan diversa y compleja como América Latina y el Caribe requieren una intervención desde distintos ángulos. Sin embargo, la sociedad civil en estos países alberga grandes esperanzas de que un acuerdo vinculante como Escazú, en el que el medio ambiente y los derechos humanos van de la mano, pueda constituir un hito en el camino para poner fin a los conflictos ambientales de la región.
Los países de América Latina y el Caribe deberían firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, y aprovechar esta oportunidad histórica para demostrar un compromiso real con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la democracia.
Marcos Orellana es director de medio ambiente y derechos humanos de Human Rights Watch.
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