El presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo en 2018, ha hecho pocos avances para atender a los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Durante la presidencia de López Obrador, la tasa de pobreza se ha reducido del 41,9 % en 2018 al 36,3 % en 2022, según la agencia oficial de análisis de la pobreza. Sin embargo, la pobreza extrema se ha mantenido en el mismo nivel y el número de personas sin acceso a servicios de salud ha aumentado más del doble. Analistas han apuntado a un importante aumento del salario mínimo y una casi duplicación de las remesas de los mexicanos en el extranjero como posibles factores de la reducción de la pobreza.
Seguridad y acceso a justicia
Los índices de delitos violentos se han disparado en México desde el inicio de la “guerra contra el narco” en 2006. La tasa de homicidios descendió de 28 a 25,9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022, pero sigue siendo una de las más altas del mundo. En 2022, 2/3 de todos los homicidios se cometieron con armas de fuego. Alrededor del 70 % de las armas de fuego utilizadas en delitos entran a México de contrabando desde Estados Unidos, según estiman las autoridades.
Las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Alrededor del 90 % de los delitos nunca se denuncian. Un tercio de los delitos denunciados no son investigados por las autoridades. Poco menos del 16 % de las investigaciones se resuelven, ya sea en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio. Esto significa que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2022.
Tortura
Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas realizada por el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 % manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.
Las autoridades recibieron al menos 15.904 denuncias penales por tortura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023, según un registro nacional creado por la Fiscalía General.
Detenciones arbitrarias
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitó México en septiembre y expresó su preocupación sobre que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”.
Los jueces están obligados por la Constitución a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Más de 40 % de las personas encarceladas en 2021 no habían sido condenadas por ningún delito. Las autoridades siguen aplicando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en noviembre de 2022 y en enero de 2023 que el uso de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo por las autoridades mexicanas viola estándares internacionales de derechos humanos y les ordenó reformar sus leyes y su Constitución. En julio, un tribunal federal determinó, basándose en la decisión de la Corte Interamericana, que las personas puestas en prisión preventiva oficiosa pueden obtener un amparo que obligue al juez de su causa a revisar la medida cautelar con la posibilidad de modificarla. La determinación aplica en los 18 estados de la región jurídica del centro-norte del país.
Las fuerzas de seguridad pública están legalmente obligadas a registrar las detenciones que realizan en el Registro Nacional de Detenciones, creado en 2019. Sin embargo, tanto el Ejército como la Marina siguen deteniendo a civiles sin informar de estas detenciones en el registro.
Abusos militares
Al igual que sus predecesores, el presidente López Obrador ha dependido en gran medida de los militares para realizar tareas de la seguridad pública. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019 y la sustituyó por la Guardia Nacional, una fuerza militar. En agosto de 2023, había más de 266 mil soldados y elementos de la Marina y de la Guardia Nacional desplegados en el país.
Desde 2007 hasta julio de 2023, el Ejército reportó haber matado a 5.488 civiles. Estos asesinatos rara vez se investigan de forma independiente. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1.005 quejas contra el Ejército y la Guardia Nacional, la cifra más alta en nueve años.
Existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno.
Las Fuerzas Armadas han obstruido la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. En julio, el grupo de expertos independientes que investigaba el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 cerró su investigación y abandonó el país, diciendo que la obstrucción y las mentiras de los militares les impedían determinar la verdad de los hechos. Correos electrónicos filtrados sugieren que altos mandos militares habían presionado al gobierno para que retirara los cargos contra los soldados implicados en el caso. En agosto, la comisión de la verdad que investiga los abusos militares contra activistas de izquierda cometidos durante la Guerra Fría dijo que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se habían negado a darles acceso a documentos cruciales.
Desapariciones
Miles de personas desaparecen cada año en México. Las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas.
La falta de capacidad forense contribuye a que se produzcan desapariciones e impide su resolución. Las autoridades no lograron identificar unos 10 mil restos humanos en 2021, lo que representa aproximadamente 12 % de los restos humanos procesados por las morgues ese año. La mayoría de los restos no identificados fueron almacenados o enterrados en fosas comunes municipales. Muchas otras personas desaparecidas probablemente fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes clandestinas por grupos criminales, soldados o policías. Entre 2006 y 2023, las autoridades y los activistas encontraron más de 5.600 fosas clandestinas en todo el país.
En septiembre, funcionarios mexicanos comparecieron ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, tras la visita del CED a México en 2021. Los miembros del CED expresaron preocupación por la “impunidad casi total” de las desapariciones y el creciente número de amenazas, ataques y asesinatos de quienes buscan a familiares desaparecidos. En mayo, el CED emitió su primera decisión sobre un caso individual de México. El Comité concluyó que el Estado había violado sus obligaciones legales internacionales de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición forzada de un joven que fue sustraído de su casa por hombres armados vestidos con uniforme de policía en 2013.
El presidente López Obrador ha afirmado que la cifra oficial de desaparecidos, que superó las 110 mil personas en 2023, ha sido inflada de manera intencional para afectar políticamente a su gobierno. En junio, el presidente anunció un nuevo “programa de búsqueda” en el que funcionarios se ponen en contacto con las familias de personas registradas como desaparecidas para preguntarles si sus familiares ya han regresado a casa. En agosto, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entidad encargada de llevar el registro de personas desaparecidas, renunció después de que el gobierno supuestamente le pidió que manipulara los datos para “reducir” el número de personas registradas como desaparecidas. En octubre, el gobierno nombró a una funcionaria de la Secretaría de Educación como responsable de la CNB. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y varios colectivos de búsqueda expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de nombramiento. En diciembre, el gobierno dijo que había revisado el registro de personas desaparecidas y no localizadas y afirmó que sólo unas 12 mil personas estaban confirmadas como desaparecidas.
Privacidad y acceso a la información pública
El presidente López Obrador ha transferido cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas. Esto limita el acceso a información pública, pues con frecuencia los militares se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia. En mayo, la Suprema Corte invalidó un decreto presidencial que eximía al gobierno de cumplir con las solicitudes de transparencia relativas a proyectos de infraestructura. Horas después, y a pesar del fallo, el presidente emitió otro decreto muy similar.
En marzo y abril, el presidente López Obrador y legisladores de su partido bloquearon los nombramientos para ocupar las vacantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejándolo sin el número mínimo de miembros requerido legalmente para revisar casos o emitir decisiones. En agosto, la Suprema Corte determinó que los miembros restantes del pleno podían reanudar la revisión de casos hasta que el Senado llenara los puestos vacantes.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2023, ocho periodistas fueron asesinados. En el primer semestre de 2023, Artículo 19 registró 272 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura.
Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta julio de 2023, la fiscalía especializada que atiende los delitos contra periodistas había iniciado 1.654 investigaciones y obtenido 35 sentencias condenatorias, incluyendo 7 por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual.
México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En 2022, 22 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según la organización de derechos humanos Comité Cerezo.
Un programa del gobierno federal asigna escoltas y brinda dispositivos de pánico y otras formas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. El programa carece de personal y de fondos suficientes y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales. Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados mientras se encontraban bajo la protección del programa.
Derechos de mujeres y niñas
Se ha legalizado el aborto en múltiples estados en años recientes. Para el mes de septiembre, doce estados permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de embarazo. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual. Pese a la legalización, muchas personas siguen enfrentando obstáculos al intentar acceder al aborto.
La Suprema Corte resolvió, en 2021, que la criminalización de manera absoluta del aborto es inconstitucional, y que las personas no deberían enfrentar consecuencias penales por someterse a este procedimiento. También determinó que los gobiernos estatales no tienen la autoridad para legislar que la vida comienza en el momento de la concepción y que el derecho del personal médico a presentar objeciones de conciencia ante la posibilidad de practicar un aborto se encuentra sujeto a límites.
En 2022, el gobierno contabilizó 3,757 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se registren todos los casos de femicidios.
México ratificó el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo en julio de 2022. El tratado obliga a México a brindar protecciones amplias para asegurar un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia de género.
Migrantes y solicitantes de asilo
Las personas que migran a través de México regularmente son víctimas de delitos cometidos por los cárteles u agentes estatales. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan.
El presidente López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio de México para llegar a Estados Unidos. El presidente ha movilizado más de 31 mil soldados para control migratorio. Las autoridades detuvieron a 444 mil migrantes en 2022, la cifra más alta de la historia.
Los centros de detención migratoria están hacinadas, en condiciones insalubres y son peligrosos. En abril, 40 personas murieron en un incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez después de que personal a cargo del centro no las liberara de su celda.
Soldados y agentes migratorios operan puntos de revisión y control migratorio en todo el país. En mayo de 2022, la Suprema Corte determinó que estos controles eran inconstitucionales, y señaló que afectan de manera desproporcionada a las personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes. A pesar de ello, los puntos de revisión siguen operando.
Desde 2019, México permite que Estados Unidos expulse a ciertos migrantes y solicitantes de asilo no mexicanos a México. De manera habitual, sufren graves abusos, como agresiones sexuales, robos a mano armada, secuestros y extorsiones.
El gobierno ha ampliado enormemente la capacidad del sistema de asilo, con una importante ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que aporta la mayor parte del presupuesto para personal y otros gastos básicos. Sin embargo, el sistema se encuentra gravemente desbordado. Desde enero hasta agosto de 2023, casi 100 mil personas solicitaron el estatus de refugiado en México, pero las autoridades resolvieron poco más de 18 mil casos; en el 71 % de los casos se concedió el estatus de refugiado o la protección complementaria.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en todos los 32 estados. Veintiún estados permiten a las personas transgénero cambiar sus nombres y marcadores de género en sus actas de nacimiento mediante un simple trámite administrativo. En 2019, la Suprema Corte dictó un fallo histórico en el cual establece pautas claras sobre reconocimiento legal del género, y sostuvo que debe ser un proceso administrativo que cumpla con los estándares de privacidad, simplicidad, agilidad y protección adecuada de la identidad de género establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2022, el tribunal amplió el derecho a incluir a la niñez.
Derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a la justicia, la educación, la capacidad jurídica y otros derechos fundamentales. En 2019, Human Rights Watch documentó casos de particulares y de hospitales administrados por el Estado que encadenaban a personas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad se ven afectadas por violencia de manera desproporcionada.
En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En mayo y junio, el Congreso aprobó reformas que obligan que los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica sean accesibles para mujeres con discapacidad. También establecieron que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones apoyadas.
En 2022, el Congreso prohibió los tratamientos psiquiátricos forzados y cualquier método de contención involuntaria, física o química, incluyendo el encadenamiento. La reforma establece la obligatoriedad de brindar servicios comunitarios y la conversión de los hospitales psiquiátricos a hospitales generales.
Derechos de las personas mayores
En marzo, México ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
Como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más los derechos humanos en todo el mundo. En 2021, un juez anuló el plan de acción climática del gobierno de López Obrador debido a que no había aumentado las metas de reducción de emisiones, lo cual constituía una violación del derecho mexicano. En noviembre de 2022, el gobierno actualizó su plan, pero seguía permitiendo emisiones superiores a las que se había comprometido inicialmente. Esto contraviene su obligación bajo el Acuerdo de París de establecer objetivos progresivamente más ambiciosos. El nuevo plan de acción climática tampoco se compromete a un objetivo cero neto.
El Climate Action Tracker, que proporciona análisis científicos independientes, calificó el plan de acción climática de México para 2022 como “críticamente insuficiente” para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales.
El gobierno de López Obrador continúa implementando una política de inversión en combustibles fósiles. Adquirió una refinería de petróleo en Estados Unidos y ha acelerado la construcción de otra en Dos Bocas, Tabasco. El presidente López Obrador ha apostado por la industria petrolera como vía hacia la autosuficiencia energética.
Actores internacionales clave
En 2023, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México apoyó una serie de iniciativas importantes para garantizar el escrutinio y avanzar en la rendición de cuentas sobre varias crisis de derechos humanos como las de Bielorrusia, Burundi, Eritrea, Israel/Palestina, Nicaragua, Sudán y Sudán del Sur. Sin embargo, no apoyó medidas para mantener el escrutinio de los abusos de derechos humanos por parte de Rusia. México continuó tomando liderazgo en la promoción de resoluciones temáticas sobre una serie de cuestiones importantes, como los derechos de los migrantes, la pena de muerte y los derechos de las personas con discapacidad.