Recientemente, un tribunal federal de primera instancia de México ordenó al congreso del estado de Guanajuato crear un procedimiento legal para que las personas trans puedan modificar sus documentos de identidad y estos reflejen adecuadamente su identidad de género.
La sentencia es el resultado de un litigio iniciado por Amicus DH, una organización de derechos LGBT con sede en Guanajuato, que representa a personas trans que buscan el reconocimiento legal de su identidad. Con el sistema actual, estas personas deben interponer un juicio de amparo para que el registro civil del estado modifique sus documentos, lo que puede resultar tardado y costoso.
El fallo del tribunal ordena al congreso de Guanajuato crear un procedimiento sencillo y administrativo de reconocimiento de identidad de género en su próxima legislatura. El procedimiento deberá centrarse en la autoidentificación según los estándares exigidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros 21 estados del país ya cuentan con un procedimiento de este tipo.
En 2022, Amicus DH y Human Rights Watch publicaron un informe que documentó cómo las personas trans en Guanajuato experimentan serias violaciones de derechos debido a la falta de reconocimiento legal de la identidad de género en el estado. En colaboración con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, entrevistamos a 31 personas trans de las ciudades de León, Irapuato, Celaya y Guanajuato, que afirmaron enfrentarse a graves barreras económicas, educativas, laborales, jurídicas, sanitarias y de otro tipo por carecer de documentos que reflejen su identidad de género.
Cada una de las 32 entidades federativas de México tiene la facultad de determinar sus leyes y políticas en materia civil, familiar y de registro, de acuerdo con la constitución del país. Corresponde al poder legislativo o al gobernador de cada estado aprobar una ley o emitir un decreto que permita el reconocimiento legal de la identidad de género mediante un sencillo procedimiento administrativo en un registro civil estatal.
El nuevo congreso de Guanajuato debe cumplir la orden del tribunal y sumarse a otros estados de México que ya respetan el derecho al reconocimiento legal de la identidad de género. El nuevo gobernador y el congreso también deben dar prioridad a la consulta de las comunidades LGBT del estado para crear políticas públicas más amplias para esta población, con el fin de mejorar su acceso a educación, seguridad, salud y trabajo.
